El verano y los cortes de luz son una constante a la que el Gobierno adjudica a los años de “populismo energético”. ¿Cómo puede una gestión libertaria oponerse a eso? Abrir el mercado es una de las respuestas.
Según confirmó la secretaria de Energía, María Tettamanti, “va a salir prontamente” una resolución que permitirá a usuarios residenciales o grandes consumidores inyectar energía al sistema y hasta ganar dinero por ello.
“Lo que hacés es decirle al que consume energía que se puede convertir en oferente de esa potencia, dejando de consumir o poniendo su equipo de back up”, confirmó Tettamanti en la última reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Esta definición abre dos posibilidades. La primera apela a un consumo inteligente: no saturar la demanda con un exceso injustificado y liberar energía para los sectores críticos.
La segunda plantea una oportunidad para quienes tengan generadores, como los shoppings, que incluso podrían participar de subastas de potencia, con una eventual remuneración.
La idea surge en un contexto en el que conviven un consumo exacerbado durante las olas de calor y una infraestructura existente que no está a su altura. La funcionaria aclaró: “El problema no es todo el verano, son cinco días en las tres horas de demanda pico”.
Entonces, quedó planteada la discusión sobre si la única solución a la dificultad de todos los veranos es aumentar la infraestructura para cubrir la demanda de unos pocos días al año. En esa búsqueda de alternativas aparece la iniciativa del Gobierno que, según la funcionaria, está próxima a ser publicada.
La resolución adelantada por Tettamanti se suma a otras medidas del Gobierno para evitar los cortes durante el verano. Este año impulsó licitaciones para incrementar la capacidad de almacenamiento y transporte eléctrico para zonas críticas.
La preparación del Gobierno para asegurarse de energía encuentra su antecedente en el Plan de Contingencia lanzado en 2024 para recuperar la infraestructura del sistema eléctrico nacional y del proceso de normalización del mercado eléctrico, que devuelve a las distribuidoras su rol de contratación directa para mejorar la calidad del servicio.
Es una solución de corto plazo para paliar la situación en el verano, mientras que se llevan adelante las licitaciones para ampliar la red de transmisión eléctrica, una obra estimada en al menos US$1000 millones que reforzará el abastecimiento en el AMBA, donde se concentra el 40% del consumo nacional. El financiamiento estará a cargo de las empresas adjudicatarias, responsables de la construcción, operación y mantenimiento de las líneas. La inversión se recuperará mediante un canon a los usuarios beneficiarios, una vez que las obras entren en funcionamiento.
A su vez, el verano 2027 ya tendrá operativos a los proyectos adjudicados en el proceso licitatorio “Alma-GBA”, orientado a incorporar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en nodos críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Su inversión prevista supera los US$540 millones.
Las baterías se utilizarán en los momentos de mayor consumo, cuando la red eléctrica esté más exigida. Podrán entregar energía hasta por cuatro horas antes de descargarse. No generan nueva electricidad: toman energía cuando la demanda es baja y la devuelven en los picos de consumo. Se trata, por lo tanto, de un complemento y no un sustituto de la generación tradicional. Un concepto que marida con la idea de “gestión de la demanda”.
Esa idea la repitió Tettamanti durante su exposición en el IAEF, donde subrayó la necesidad de inversiones en generación y transporte, además de gestionar la demanda para eficientizar la infraestructura. “Las tarifas son bajas cuando los costos son bajos”, explicó.
Asimismo, la secretaria de Energía adelantó proyecciones: “Estamos esperando una demanda de potencia máxima levemente superior a la del año pasado”. En números, esto equivale a 30.700 megawatts, de los cuales un tercio corresponde a aires acondicionados.
En la misma línea, un jugador privado del sector energético aseguró: “No tenemos una situación que nos haga prever cortes como en otras épocas”.
Según los datos de otra compañía, Edenor, sus usuarios sufrieron entre 3 y 4 cortes de luz por año, con una duración promedio de 8,7 horas. La compañía proyecta la instalación completa de medidores inteligentes en cinco o seis años, una tecnología alineada con la resolución anunciada por Tettamanti.
Para la funcionaria, los medidores inteligentes son clave para eficientizar el consumo y, en consecuencia, impactar en las tarifas. Sobre este punto, un empresario del sector explicó que el esquema actual se reparte 80-20: 8 de cada 10 pesos los paga el usuario y el resto corresponde a subsidios.
En materia de inversiones, por caso, Edenor calcula que se necesita un RIGI por año de manera sostenida. Su plan contempla US$221 millones anuales, pero aclaró que los fondos provenientes de tarifas solo alcanzan para gastos corrientes, por lo que deben buscar financiamiento externo.