La Oficina de Administración de Personal (OPM) de Estados Unidos solicitó información detallada sobre servicios médicos a las aseguradoras de empleados federales, una medida que afectaría a más de 8 millones de personas y ha generado debate sobre su finalidad y posibles riesgos.
La Oficina de Administración de Personal (OPM) del gobierno de Donald Trump impulsó una solicitud para recopilar datos de salud de empleados federales, generando polémica en Estados Unidos. El pedido, dirigido a las aseguradoras que gestionan los programas de salud federales, incluye información sobre el uso de servicios médicos, costos, medicamentos y proveedores.
Según una publicación oficial, la OPM requiere datos sobre el uso de servicios y costos de los programas de Beneficios de Salud para Empleados Federales (FEHB) y de Servicios Postales (PSHB). Esto abarca desgloses de reclamaciones médicas y farmacéuticas, así como información de proveedores. La agencia argumenta que el objetivo es mejorar el servicio, supervisar los programas y asegurar que los planes sean competitivos, de calidad y asequibles.
La solicitud está dirigida a 65 aseguradoras que prestan servicios a empleados y jubilados federales y postales, afectando a más de 8 millones de estadounidenses. La OPM estima que, en el primer año, cada compañía deberá dedicar unas 225 horas a recopilar la información, reduciéndose a 12 horas en entregas posteriores.
Sin embargo, la medida ha despertado cuestionamientos. Expertos y agrupaciones expresaron dudas sobre el destino y uso de los datos. La abogada Sharona Hoffman señaló el riesgo de que la información “podría usarse para sancionar o perseguir a quienes no cooperen políticamente”. Otros especialistas mencionaron que el gobierno tendría acceso a datos sensibles, como empleadas que se sometieron a abortos o trabajadores que recibieron tratamientos para personas transgénero, lo que podría representar un riesgo en estados con restricciones sobre estas prácticas.
La OPM no ha revelado el uso práctico específico de estos datos ni las condiciones de su almacenamiento, lo que ha intensificado el debate en torno a la iniciativa.