Un tribunal revocó los procesamientos y embargos, argumentando falta de mérito y criticando la investigación de primera instancia por considerar que no se probaron los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
La Cámara Federal de La Plata ordenó la liberación de los principales imputados en la causa por lavado de dinero vinculada a la feria La Salada de Lomas de Zamora. Los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias revocaron los procesamientos con prisión preventiva y dictaron la falta de mérito para Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.
El tribunal argumentó que no existen pruebas suficientes para mantenerlos procesados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. En consecuencia, se ordenó la libertad inmediata de todos los detenidos y se dejaron sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.
Los camaristas criticaron con dureza la investigación llevada adelante por la fiscal Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella. Calificaron el procesamiento dictado en julio del año pasado como “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”. Según el fallo, no se logró probar la “mínima cohesión” ni un acuerdo para cometer delitos indeterminados, confundiéndose tareas administrativas o comerciales habituales con una empresa criminal.
Respecto a la acusación de lavado de dinero, los magistrados señalaron que la investigación no efectuó un examen fundado sobre las condiciones detalladas de modo, tiempo y lugar en que habrían tenido lugar las maniobras. La defensa de los imputados sostuvo que Punta Mogote es una sociedad lícita registrada y que la supuesta evasión fiscal estaba suspendida por la adhesión a un régimen de regularización estatal.
La fiscalía había sostenido que en La Salada operaban dos estructuras criminales dedicadas a la venta de productos falsificados, evasión tributaria y lavado de dividendos. Se mencionó que solo en las cuentas de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025, dinero con el que se habrían adquirido bienes de lujo.
Con la resolución, se revirtieron todas las medidas cautelares, incluidos los embargos por 750 millones de pesos a los supuestos jefes, por 500 millones a miembros principales y por 250 millones a partícipes secundarios, así como el secuestro de vehículos de alta gama.