A casi tres meses del inicio del año, el Ejecutivo admite que la recuperación es desigual y busca manejar la agenda política ante un creciente malestar social y desafíos legislativos.
Transcurrido un mes desde el inicio del período legislativo, el Gobierno nacional enfrenta un escenario complejo marcado por indicadores económicos adversos y dificultades para imponer su agenda. En las últimas semanas, el Presidente Javier Milei ha reconocido públicamente que la inflación, si bien asegura que es menor a la heredada, sigue siendo alta, y que la situación del primer trimestre ha sido dura para gran parte de la población.
En este contexto, el mandatario ha hecho un llamado a la “paciencia”, al tiempo que señaló que no reconocer el malestar social “sería deshonesto intelectualmente”. Este discurso se da en un momento donde, según analistas, la vara de exigencia hacia la gestión ha cambiado, aun cuando el oficialismo mantiene una alta efectividad en las votaciones del Congreso.
La presión social se manifiesta en conflictos sectoriales, como los relacionados con el transporte y prestadores de PAMI, y en la crítica situación financiera de provincias y municipios. Frente a esto, la administración ha realizado algunas concesiones, como adelantos de coparticipación y la reactivación de las Transferencias Automáticas No Reembolsables (ATN) para las jurisdicciones.
Paralelamente, desde el oficialismo se evalúa retomar una estrategia de ataque permanente hacia la oposición para intentar controlar la narrativa pública. Sin embargo, esta táctica conlleva riesgos en un clima de descontento generalizado.
En el plano político, mientras el malhumor social es cuantitativamente significativo, su profundidad electoral es objeto de debate. La oposición, por su parte, evalúa diversas alternativas para conformar un frente amplio de cara a futuros comicios, en un escenario donde sectores del establishment económico podrían buscar opciones políticas más moderadas.