Una orden ejecutiva en elaboración por la administración Trump exigiría a las entidades financieras recopilar datos de ciudadanía o residencia legal, una medida que genera debate por su impacto en la inclusión financiera y los costos operativos.
El gobierno de Donald Trump confirmó públicamente su intención de imponer un mandato para que los bancos de Estados Unidos recopilen datos de ciudadanía o estatus migratorio de sus clientes. La iniciativa, alineada con medidas que favorecen el envío de información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), obligaría a verificar el estatus legal de cada persona.
Scott Bessent, secretario del Tesoro bajo la administración Trump, adelantó recientemente esta medida. Según informó CNBC, si se aplica, expondría la información de millones de migrantes en el ámbito bancario estadounidense. Bessent manifestó que hay una orden ejecutiva en elaboración, la cual exigirá que los bancos soliciten documentos adicionales a sus clientes para verificar si son ciudadanos, residentes permanentes o tienen un permiso válido para estar en el país.
El argumento del gobierno federal, expresado a través de Bessent, es que conocer el estatus legal de los clientes es fundamental para cumplir las reglas KYC (Conozca a Su Cliente), normas creadas para combatir el lavado de dinero. El funcionario también manifestó que otros países impulsaron medidas similares y que los inmigrantes indocumentados no tendrían que estar dentro del sistema bancario de EE.UU.
Según reveló CNBC, la propuesta generó distintos cuestionamientos. Los argumentos en contra mencionan factores de inclusión de los extranjeros y dificultades logísticas para el sistema bancario. Expertos señalan que, al excluir a inmigrantes sin estatus legal, se los obligaría a operar solo en efectivo, dificultando el pago de impuestos y limitando el crecimiento económico.
Por otro lado, hubo quejas de los bancos por las exigencias logísticas. De publicarse la orden, el requisito de verificación podría sumar costos adicionales estimados entre 2600 y 5600 millones de dólares, además de tiempo dedicado a trámites. Bessent remarcó que, si el Tesoro lo ordena, los bancos tienen la obligación de acatar la normativa.
En línea con otras medidas para integrar el ámbito financiero y el control migratorio, semanas atrás ya se había dado a conocer esta idea. Según The Wall Street Journal, la propuesta original se aplicaría tanto a nuevos clientes como a usuarios existentes, lo que obligaría a los bancos a implementar una verificación masiva.