Manifestantes, incluida una candidata a gobernadora, reclaman el cierre del South Texas Family Residential Center en Dilley, mientras reportes señalan un incremento en la detención de menores y cuestionan las condiciones de alojamiento.
En Dilley, Texas, una localidad de poco más de 3700 habitantes, se ubica el South Texas Family Residential Center, un centro de detención migratoria para familias gestionado por la empresa CoreCivic bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En las últimas semanas, el lugar se ha convertido en foco de protestas de organizaciones civiles y ciudadanos que exigen su clausura.
Una de las manifestaciones más recientes reunió a decenas de personas en los alrededores del predio, ubicado a una hora al suroeste de San Antonio. Entre los asistentes estuvo Gina Hinojosa, candidata demócrata a la gobernación de Texas, quien declaró a medios que la situación en el centro “perjudica a los niños” y afirmó: “No deben estar aquí”. Otras manifestantes, como Nancy Sandoval, expresaron una identificación personal con los detenidos.
Los organizadores buscan que su mensaje trascienda lo local. “Es una injusticia que gente que no ha cometido ningún crimen esté detenida”, señaló la reverenda Ali López Valcarcel, también presente. Durante las protestas, se distribuyeron tarjetas con información sobre derechos migratorios y silbatos para alertar a la comunidad en caso de operativos del ICE en la zona.
Según datos de una investigación de The Marshall Project, se registró un aumento sostenido en la cantidad de niños bajo custodia federal desde el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump. Mientras que al finalizar el mandato de Joe Biden el ICE mantenía un promedio diario de 24 menores detenidos, con la reactivación de las políticas de detención familiar, ese número ascendió a un promedio de 226. En enero se registró un pico de más de 550 niños en un solo día. Casi la mitad de los más de 6200 menores detenidos en este período pasó por las instalaciones de Dilley.
El centro, inaugurado en 2014 durante la administración Obama y cerrado para familias por Biden en 2021, fue reactivado como parte de la política de deportaciones de la actual administración, que ha solicitado al Congreso financiamiento para hasta 30.000 camas destinadas a unidades familiares.
Pese a que el Acuerdo Flores establece un límite de 20 días para la detención de menores, reportes de organizaciones de derechos humanos citados por The Marshall Project indican que más de 1600 niños superaron ese plazo bajo la gestión actual.
Abogados y organizaciones defensoras han documentado diversas denuncias sobre las condiciones dentro del centro, que incluyen la provisión de alimentos en mal estado, agua con olor extraño vinculada a problemas de salud y demoras en la atención médica. La organización RAICES registró, según ProPublica, más de 700 quejas vinculadas a la atención sanitaria desde agosto de 2025, reportándose hospitalizaciones de bebés por bronquitis y neumonía, casos de sarampión y un intento de suicidio de un menor de 13 años.
El caso del niño ecuatoriano Liam, de cinco años, cuya fotografía con una mochila de Spider-Man circuló en redes sociales, desencadenó protestas específicas frente al centro. Más de 160 organizaciones, lideradas por el colectivo Sueños sin Frontera, enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigiendo la liberación de todas las mujeres embarazadas detenidas en centros del ICE, con mención particular al de Dilley.
Frente a estas acusaciones, el DHS emitió un comunicado el 24 de febrero rechazando las denuncias y describiendo las condiciones del centro. Según el organismo, cada detenido recibe un examen médico dentro de las 12 horas de su ingreso, los niños tienen acceso a aulas, materiales educativos y actividades al aire libre, y el personal médico incluye pediatras, enfermeros y profesionales de salud mental disponibles las 24 horas.