El jefe de Gabinete enfrenta una investigación por pagos sin factura por 245.000 dólares para remodelaciones en su vivienda, mientras el oficialismo busca contener el impacto político.
El escándalo que rodea al Gobierno, centrado en la figura de Manuel Adorni, cambia de dimensión a medida que pasan las semanas. Este lunes hubo novedades respecto de otros gastos del jefe de Gabinete: 245.000 dólares pagados a un contratista sin pedir factura, quien se encargó de remodelar y mejorar la casa en el Country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
Hay una estrategia de argumentación por parte del oficialismo que, hasta ahora, no contempla que se trata de una causa judicial cuyos testigos están obligados a decir la verdad. Caso contrario, se exponen a una imputación por falso testimonio. Es infantil y torpe dar ciertas respuestas ante la prensa, como decir que no existieron más gastos de los que hubo o alegar haber hecho un único viaje, cuando en el tribunal de Ariel Lijo y en la investigación del fiscal Gerardo Pollicita aparecen personajes que deben respaldar sus dichos con documentación.
El documento que Matías Tabar presentó ante la Justicia enumera las entregas de dinero hechas por Adorni a cambio de modificaciones en el inmueble. El listado detalla algunas excentricidades que fueron motivo de bromas en las últimas horas, como la instalación de una pileta de mármol travertino y una cascada.
Más allá del folclore, existen varios niveles de complejidad. El primer nivel es la llamativa dificultad de Adorni para entender el problema. Al ser interrogado respecto del viaje a Punta del Este, sobre el cual no hay certezas de cómo fue financiado, alegó que se trataba de una cuestión de la vida privada. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados, el legislador Rodolfo Tailhade lo increpó por el uso que hace su familia de la custodia policial de la Policía Federal Argentina. Cabe aclarar que llama la atención que Tailhade sea tan celoso de la custodia de los recursos públicos en el caso del jefe de Gabinete, pero haya permanecido callado durante el largo saqueo kirchnerista del Estado.
La contestación de Adorni se repite: cuestiones de la vida privada. Es obvio que, al tratarse de una custodia policial que sale del bolsillo de los contribuyentes, ni el periodismo ni Tailhade se metieron en la vida privada de Adorni. Por el contrario, es él quien se mete con los recursos públicos y los lleva hacia su casa. En pocas palabras, es un acto de corrupción dentro de un Gobierno que alega que la moral es una política de Estado. La confusión conceptual entre lo público y lo privado deja entrever la falta de cultura política de un gran número de funcionarios del Gobierno. No comprenden que, al estar donde están, casi carecen de vida privada.
A ello se le suma otra dimensión argumental. Un artículo de Paz Rodríguez Niel para LA NACION grafica de excelente manera esta arista. En uno de sus párrafos, cuenta cómo el lunes por la mañana Adorni aseguró que no contestaría afirmaciones periodísticas, incurriendo en un lugar común dentro de la administración Milei: el periodismo está deslegitimado. Sin embargo, tampoco se prestó a hablar sobre las actuaciones judiciales, alegando que existe una investigación en la que no puede interferir por respeto a la división de poderes. El abogado constitucionalista y penalista Alejandro Carrió señala que no existen impedimentos para que el jefe de Gabinete brinde explicaciones. Una contestación coherente a los planteos podría incluso beneficiar a su persona, a su familia y hasta al Gobierno.
La Justicia tardará en expedirse sobre la inocencia y culpabilidad de Adorni. Mientras tanto, su falta de respuestas deteriora a la administración de la que forma parte, y que intenta sacarlo de las brasas con respaldos públicos como el que se vio durante la presentación de su informe de gestión en Diputados. Hasta hoy, daba la impresión de que existían razones políticas por las que cuidar a Adorni, evitar su renuncia y priorizar su preservación. Entre ellas, no entregar una pieza importante a la oposición dentro de un ajedrez de poder. Algunos aseguran que la intención era evitar ceder terreno a Santiago Caputo, quien quiso ser jefe de Gabinete tras la salida de Guillermo Francos.
No está de más señalar que parte de la denuncia por enriquecimiento ilícito —entre ellos, la mención a una casa de fin de semana— viene de una figura muy agresiva con el Gobierno como lo es la diputada Marcela Pagano, una disidente que participó de La Libertad Avanza y ahora la enfrenta. Hay quienes la vinculan con el “Mago del Kremlin” a partir de ciertas defensas que ha hecho sobre agresiones dirigidas al asesor presidencial en el Congreso. La política no alcanza para explicar el problema. La aparición de los 245.000 dólares para arreglos “delirantes” siembra más dudas sobre la gestión de los recursos públicos.