El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Con 78 partidos en suelo estadounidense, millones de viajeros enfrentan incertidumbre migratoria ante la falta de garantías oficiales.
El Mundial 2026 se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, pero gran parte de la discusión gira alrededor de las medidas sobre inmigrantes aplicadas por Washington. En territorio estadounidense se jugarán 78 de los 104 partidos del torneo y millones de personas viajarán hacia las 11 ciudades anfitrionas.
El director interino del organismo, Todd Lyons, confirmó en febrero ante el Congreso que la agencia participará del esquema general de seguridad del Mundial y evitó comprometerse a suspender controles o detenciones cerca de estadios y zonas vinculadas al evento. “Es una parte fundamental del dispositivo de seguridad general para la Copa Mundial. Estamos comprometidos con la seguridad de esa operación y de todos nuestros participantes y visitantes. Buscamos garantizar que todas las personas que visiten las instalaciones tengan un evento seguro”, aseguró.
La ausencia de una pausa oficial en las acciones migratorias generó incertidumbre entre comunidades latinas y organizaciones humanitarias. Distintos sectores sostuvieron que el despliegue de agentes federales podría derivar en detenciones de personas sin documentación, sin estatus regular, durante la Copa del Mundo.
En ciudades como Dallas, Houston y Miami existen acuerdos de cooperación entre fuerzas policiales locales y autoridades migratorias federales. Según denuncias de entidades civiles, esta coordinación incrementa el riesgo de controles basados en perfilamiento racial o en el origen percibido de los asistentes.
“A pesar del asombroso número de arrestos y deportaciones, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses ofrecieron garantías de que los aficionados y las comunidades locales estarán a salvo”, dijo Steve Cockburn, jefe de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, en un comunicado.
El gobierno federal destinó US$625 millones a programas de seguridad relacionados con el Mundial 2026. Los recursos serán utilizados para ampliar la presencia policial, realizar verificaciones de antecedentes y reforzar operativos en sedes deportivas, hoteles y centros de transporte. A esa cifra se sumaron otros US$250 millones asignados a sistemas de detección y control de drones. El programa contempla herramientas tecnológicas orientadas al monitoreo aéreo, ciberseguridad y protección de infraestructuras vinculadas al torneo.
Organizaciones de derechos humanos sostuvieron que el aumento de vigilancia podría derivar en un mayor control sobre comunidades migrantes y visitantes extranjeros durante el campeonato. “La FIFA prometió un torneo seguro, acogedor e inclusivo en su marco de derechos humanos. Pero bajo la presidencia de Donald Trump, la dura retórica contra los derechos humanos y las políticas migratorias están generando miedo”, aseguró Human Rights Watch en una carta abierta dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Frente a las políticas migratorias de la administración Trump, legisladores demócratas impulsaron el proyecto denominado “Save the World Cup Act”. La iniciativa busca impedir que fondos federales sean utilizados para operativos migratorios dentro de un radio de 1,6 kilómetros alrededor de estadios y festivales de aficionados. La propuesta todavía atraviesa sus primeras etapas y aún no fue tratada en el ámbito legislativo. Por ese motivo, actualmente no existen garantías legales que limiten las actuaciones del ICE durante el Mundial 2026.
Las restricciones migratorias también afectan a ciudadanos de determinados países. Bajo disposiciones presidenciales implementadas en 2025, aficionados provenientes de naciones como Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil enfrentan prohibiciones de ingreso como espectadores. Las excepciones previstas alcanzan principalmente a futbolistas, entrenadores y personal considerado esencial para la competencia. Sin embargo, familiares, periodistas y simpatizantes continúan sujetos a limitaciones migratorias.