El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó las diferencias entre juicio político y declaratoria de procedencia, tras las solicitudes contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, salió a aclarar las diferencias entre el juicio político y la declaratoria de procedencia, luego de las discusiones generadas por las solicitudes impulsadas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
A través de redes sociales y entrevistas, el legislador explicó que ambas figuras jurídicas suelen confundirse, aunque tienen objetivos completamente distintos dentro del marco constitucional mexicano. Mientras el juicio político busca destituir e inhabilitar a un funcionario, la declaratoria de procedencia pretende retirarle el fuero para someterlo a una investigación penal.
Monreal enfatizó que, en el caso de Rocha Moya, el escenario cambia debido a que actualmente se encuentra con licencia y fuera del ejercicio del cargo. El morenista sostuvo que el objetivo central de un juicio político es remover del puesto a un servidor público. Sin embargo, señaló que Rocha Moya ya no está en funciones, por lo que no podría ser destituido mediante este procedimiento. El único alcance real que tendría el juicio político sería una eventual inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un periodo determinado.
El legislador también rechazó las versiones que señalan que la Junta de Coordinación Política decide de manera directa la procedencia de estos casos. Indicó que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece un procedimiento específico que inicia con la presentación formal de una denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
La discusión escaló después de que el PAN promoviera un juicio político contra Rocha Moya, al acusarlo de presuntos vínculos con el crimen organizado. En respuesta, Morena impulsó acciones similares contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lo que abrió un nuevo frente de confrontación política entre ambas fuerzas. Monreal criticó esta dinámica y aseguró que convertir los juicios políticos en una confrontación partidista “no sirve y no vale la pena”. Además, pidió prudencia para evitar un clima de polarización rumbo a los próximos procesos electorales.
El proceso contempla varias etapas antes de determinar si una denuncia procede o no: la denuncia debe presentarse ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados; posteriormente se turna a las comisiones correspondientes; la Subcomisión de Examen Previo revisa si existen elementos suficientes; se verifica que el acusado sea servidor público sujeto al procedimiento; en caso de hallar posibles responsabilidades, el caso avanza; si no existen pruebas suficientes, la solicitud puede desecharse. Actualmente, la Subcomisión de Examen Previo acumula 57 solicitudes de juicio político pendientes de análisis.
Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respondió a los señalamientos de Morena y defendió la estrategia de seguridad de su administración. La mandataria aseguró que su gobierno ha combatido frontalmente al crimen organizado y afirmó que no existe “nada que esconder” respecto al operativo donde presuntamente participaron agentes extranjeros en territorio estatal. Campos también sostuvo que instruyó a la Fiscalía estatal a actuar conforme a derecho y reiteró que continuará colaborando con las instituciones federales para preservar la seguridad en Chihuahua.