El sector empresarial de Colombia expresó su preocupación por la cantidad de normas que deben cumplir para operar, lo que, según sus representantes, afecta la competitividad y fomenta la informalidad.
El exceso de regulación en Colombia generó críticas por parte del sector empresarial. Según declaraciones de la presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Ana Fernanda Maiguashca, al diario El Nuevo Siglo, la cantidad de normas vigentes dificulta la competitividad de las empresas y perpetúa altos niveles de informalidad.
Maiguashca señaló que “la forma en la que nosotros hemos decidido construir el andamiaje regulatorio es una forma desconfiada, donde el Estado siempre es quien licencia y previene”. Agregó que “tenemos como un hábito regulatorio. Primero, pensamos que la regulación soluciona muchísimas cosas. Segundo, la forma en la que regulamos en el país es muy entrometida”.
La dirigente afirmó que “regulamos diciendo en todo momento qué y cómo hay que hacer las cosas con un gran nivel de detalle”. Según ella, este enfoque genera “una sensación de eterna desconfianza, porque nunca hay espacios amplios, siempre se está regulando, pensando en lo que ese va a hacer mal”.
En relación con la informalidad, Maiguashca sostuvo que “la cantidad de trabas que le hemos puesto a la formalidad están íntimamente ligadas con la cantidad de informalidad”. Cuestionó la eficacia de las medidas de protección al consumidor: “Eso presumiblemente existe para que uno proteja al consumidor, para que nadie abuse de él, pero pasan dos cosas, primero, en un país con estos niveles de informalidad: usted se pasa al siguiente y lo consume y ahí no tiene ninguna protección, entonces ¿cuál es la protección efectiva al consumidor?”
Sobre el ámbito financiero, expresó que el sistema tiene muchas exigencias y que “todos los días sacan una más”. Afirmó que “no tenemos esa protección efectiva al consumidor y es que no solamente se promueve esa desconfianza, sino que fíjese que limitamos la imaginación de quien produce a la imaginación del burócrata”.
Al ser consultada sobre el impacto en la inversión, Maiguashca declaró que “cuando hablamos, escribimos, comentamos las cosas desde el punto de vista del inversionista, de alguna manera nos alejamos de la perspectiva que en realidad importa, que es la del ciudadano, porque es que los intereses del ciudadano y del inversionista en términos generales están en el mismo canasto”. Agregó que “de alguna manera sentimos que el Gobierno está fregando al gran inversionista, a ese gran empresario, a ese gran capital para protegerme. Pero a todos nos conviene que lleguen más negocios, más empresas que tú puedas escoger”.
En cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), Maiguashca destacó que “aquí la fortaleza es de las pequeñas y medianas empresas, y los sueños de las personas deberían estar en que esas empresas sean grandísimas, no chiquitas, pero para eso tenemos que escalar, y para escalar necesitamos que el capital exista, que la gente se asocie, y para eso necesitamos unas reglas del juego que faciliten el desarrollo”.
Como propuesta, la presidenta del CPC sugirió revisar la legislación existente “a la inversa”. Afirmó que “no necesariamente tiene que ser un programa, sino que revisemos cada regulación no en tono de qué sobra, sino de lo que haría falta. Es decir, leamos la regulación a la inversa, de qué es realmente necesario”. Recordó que existen decretos y normas “de cosas que escribimos hace 20 años y como nadie se ha quejado, ahí están”.
Maiguashca concluyó que “el Gobierno, el Estado en general, debe ocuparse de que tengamos capacidades concretas, capacidades abstractas, es decir, que tengamos la capacidad de aprender, de tener curiosidad, de no hacer caso, y capacidades ciudadanas y capacidades emocionales”.