Un informe del Consejo de la Magistratura de la Nación reveló que el 19,54% de los detenidos con prisión domiciliaria en la Justicia Federal utiliza dispositivos de control electrónico, y que el 98,24% no tiene restricciones de visitas.
Un informe elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública al Consejo de la Magistratura de la Nación reveló diferencias y controles sobre las personas detenidas bajo prisión domiciliaria en la Justicia Federal.
De acuerdo al informe, solo el 23,96% de los detenidos con domiciliaria usa un dispositivo de control electrónico, lo que representa el 19,54% del total de personas con esa modalidad.
El documento analiza las condiciones impuestas para los detenidos con prisión domiciliaria en el ámbito de la Justicia Federal con competencia penal en todo el país, con especial hincapié en delitos de lesa humanidad y narcotráfico.
Según el relevamiento, del total de 2513 detenidos con prisión domiciliaria informados para todos los delitos, solo una minoría utiliza dispositivos electrónicos de control.
Otro punto destacado es la escasa aplicación de restricciones de visitas. De 1192 casos con información disponible, solo 21 personas tienen restricciones en sus visitas (1,76%), mientras que el 98,24% no tiene restricciones.
En paralelo, 534 personas (44,80%) sobre 1192 casos con datos disponibles cuentan con algún tipo de permiso de salida, por motivos como estudiar, trabajar, llevar niños a la escuela, tratamiento de adicciones o consultas médicas.
En delitos de narcotráfico, existen 1280 personas con prisión domiciliaria. Sobre 929 casos con información detallada, solo 8 personas tenían restricciones de visitas (0,86%). El 99,14% carece de restricciones. Además, 397 casos (42,73%) cuentan con algún tipo de permiso de salida.
En delitos de lesa humanidad, se informaron 247 personas con prisión domiciliaria. De los casos con información disponible, solo 5 personas tenían restricciones de visitas (15,62%). El 84,38% carece de restricciones. Asimismo, 18 casos (56,25%) cuentan con algún tipo de permiso de salida, principalmente caminatas por recomendación médica. Respecto al control electrónico, 109 personas (44,12%) utilizan tobillera electrónica.
El informe aclara que aún existen datos faltantes y que se presentaron aclaratorias para completar la información. El plazo legal para responder esos requerimientos vencía el 14 y 15 de mayo de 2026.
El informe fue impulsado por consejeros y legisladores del peronismo dentro del Consejo de la Magistratura. Lleva las firmas del diputado nacional Rodolfo Tailhade, de la diputada Vanesa Siley, del senador Anabel Fernández Sagasti y del consejero Cesar Grau.