La Secretaría de Inteligencia de Estado ejecutó $3.796 millones en gastos reservados entre enero y mayo de 2026, según datos del presupuesto abierto. El presupuesto total del organismo creció un 546% desde diciembre de 2023, mientras que otros programas de salud y educación sufrieron recortes.
El 11 de mayo, con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, la decisión administrativa 20/2026 oficializó una reducción del presupuesto nacional en $2,8 billones para 211 programas, entre ellos algunos en materia de salud y educación. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) mantuvo sus recursos en $97 mil millones, de los cuales $19 mil millones están destinados a gastos reservados, es decir, fondos cuyo uso no es público por razones de seguridad.
Durante esa misma semana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, logró imponer como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de Organismos y las Actividades de Inteligencia al diputado Sebastián Pareja. Esta comisión se encarga de examinar los gastos reservados de la SIDE. En lo que va del año, según verificó PERFIL en el presupuesto abierto, el organismo a cargo de Cristian Auguadra devengó $3.796 millones en este ítem, $1.320 millones de los cuales se gastaron en los últimos dos meses.
El diputado nacional por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó a PERFIL: “No tengo dudas de que hay sobresueldos. Se podrían estar pagando a través de transferencias cripto a los funcionarios, gastos reservados de SIDE y contratos de consultoría de algunas empresas públicas del Estado nacional”.
La comisión del Congreso tiene la facultad, otorgada por la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), de controlar e investigar de oficio todas las acciones vinculadas con la SIDE, emitir opiniones sobre proyectos legislativos vinculados a actividades de inteligencia, intervenir en la elaboración del presupuesto nacional destinado al organismo, y elaborar anualmente un informe reservado con los resultados de la fiscalización.
El 12 de mayo la comisión quedó conformada por cinco miembros del oficialismo (Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche); tres de Unión por la Patria (los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez); dos del PRO (el senador Martín Goerling y el diputado Cristian Ritondo); el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moisés (Convicción Federal) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el presupuesto total de la SIDE creció un 546% (de $15 mil millones a $97 mil millones), 325 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y abril de 2026 (221,6%, según el Indec). El monto asignado a gastos reservados creció de $640 millones a $19 mil millones, un 2.823%. En personal, la SIDE ejecutó $20 mil millones de los $56 mil millones disponibles, con un crecimiento del 366% desde 2023.
Según el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la Administración Pública Nacional mostró una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023. En este contexto, la SIDE registra un incremento real del 25% en su ejecución. A mayo, la ejecución presupuestaria del organismo llegó al 29%, superior a la de programas como el de atención médica a personas con discapacidad (10%) y mayor a 62 de los 91 programas del Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, registró una caída presupuestaria de $70 mil millones, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Los programas de fortalecimiento de sistemas provinciales de salud perdieron $25 mil millones, y el de acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica, $20 mil millones. Por estos recortes se convocó a una marcha federal por la salud pública, con participación de trabajadores sanitarios, organizaciones de pacientes, sindicatos y universidades. El Instituto Argentina Grande informó que más de 740 mil personas perdieron su cobertura privada de salud desde el inicio de la actual administración.
El Ministerio del Interior fue el que más recursos perdió en porcentaje: un 38% de una sola vez, unos $320 mil millones, principalmente orientados a los Aportes del Tesoro Nacional.