Un grupo de diputados y senadores de América Latina y Europa expresó su preocupación por presuntas irregularidades en la primera vuelta de las elecciones generales 2026 en Perú y solicitó una investigación independiente antes de la segunda vuelta del 7 de junio.
A menos de una semana de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio, un grupo de diputados y senadores de América Latina y Europa expresó su preocupación por las presuntas irregularidades registradas durante la primera vuelta de las elecciones generales 2026 en Perú y pidió a las autoridades competentes garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto.
El pronunciamiento fue difundido por parlamentarios de España, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Honduras y Uruguay, quienes solicitaron que los hechos reportados en la jornada electoral del 12 de abril sean materia de una investigación transparente e independiente. Según indicaron, el objetivo es preservar la confianza ciudadana en el sistema democrático y en las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales.
Los legisladores señalaron que la preocupación se sustenta en informes preliminares, entre ellos reportes de la Contraloría General de la República, que habrían advertido problemas en la instalación y funcionamiento de locales de votación en Lima Metropolitana. Estos hechos, advirtieron, requieren una evaluación rigurosa para determinar su impacto en el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.
De acuerdo con el documento, uno de los principales puntos de preocupación fue la apertura tardía de 256 locales de votación en Lima Metropolitana, así como las incidencias registradas en 3.605 mesas de sufragio. Según los firmantes, estas situaciones habrían afectado a más de un millón de electores durante la jornada electoral.
Los parlamentarios consideraron que la magnitud de estos hechos amerita un análisis detallado que permita establecer responsabilidades y determinar si existió alguna afectación al derecho al sufragio. En ese sentido, señalaron que cualquier irregularidad debe ser evaluada bajo criterios técnicos y jurídicos que garanticen la transparencia del proceso.
Asimismo, remarcaron que la situación cobra mayor relevancia debido a la estrecha diferencia de votos registrada entre algunos candidatos en la primera vuelta, lo que incrementa la necesidad de esclarecer cualquier hecho que pudiera haber influido en los resultados.
El pronunciamiento también expresa respaldo a las acciones legales impulsadas por el alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo Barreto, ante el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Según los legisladores, estas iniciativas buscan garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos que podrían haberse visto afectados por las incidencias reportadas.
En esa línea, exhortaron a dichas instituciones y a las autoridades competentes a emitir un pronunciamiento antes de la segunda vuelta electoral. Consideran que una decisión previa al 7 de junio permitiría brindar mayor claridad al proceso y reforzar la confianza en los resultados.
Los firmantes precisaron que su pedido no busca interferir en las funciones de los organismos electorales, sino asegurar que las instancias judiciales ejerzan sus atribuciones cuando se trate de la protección de derechos fundamentales vinculados al sufragio.
A este pronunciamiento se sumó la Cámara de Senadores de la República del Paraguay, que aprobó una declaración en la que exhorta a las autoridades electorales y demás instituciones competentes del Perú a garantizar la transparencia y el respeto del proceso electoral en curso.
El documento destaca la importancia de asegurar la participación ciudadana en igualdad de condiciones, así como la correcta fiscalización de todas las etapas del sufragio. Asimismo, expresa preocupación por las incidencias reportadas durante la primera vuelta en Lima Metropolitana, señalando que deben ser debidamente esclarecidas.
Finalmente, el Senado paraguayo enfatizó que la legitimidad de un proceso electoral no depende únicamente del resultado final, sino también de la confianza pública en los procedimientos, la transparencia institucional y la garantía efectiva del derecho al voto. La declaración será remitida a las autoridades peruanas correspondientes para su conocimiento.