El senador de Arizona Rubén Gallego solicitó a la Oficina de Fiscalización del Gobierno de Estados Unidos que evalúe si la nueva guía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración constituye un cambio de regla que pueda ser bloqueado por el Congreso.
Rubén Gallego, senador de Arizona de origen colombiano, inició una ofensiva para frenar la nueva política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump relacionada con la green card. La medida fue anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y podría alterar el trámite de residencia permanente de más de 1,2 millones de personas con solicitudes pendientes, entre ellas alrededor de 25.000 colombianos.
La política establece que los casos de ajuste de estatus se resuelvan, en principio, desde los países de origen y no dentro de Estados Unidos. El cambio surge tras un memorando divulgado el 22 de mayo por Uscis, en el que la agencia indicó que los extranjeros que busquen la residencia permanente mediante ajuste de estatus deberán hacerlo desde sus países de origen, salvo en circunstancias consideradas “extraordinarias”.
Durante décadas, el ajuste de estatus ha sido la vía habitual para que personas que ya están legalmente en Estados Unidos, con visas de trabajo, estudio o en procesos de reunificación familiar, soliciten la residencia permanente sin salir del país.
En una carta enviada a la Oficina para la Fiscalización del Gobierno (GAO), Gallego pidió que ese organismo determine si la medida equivale a una nueva regla. Si la conclusión fuera afirmativa, el Congreso podría votar para bloquearla bajo el Acto para la Revisión del Congreso.
El senador sostuvo en el documento que la guía de Uscis no es una simple aclaración administrativa sino un cambio sustancial de política pública. En la carta afirmó: “En una desviación del precedente de larga data, la nueva guía parece diseñada para crear una nueva presunción contra la concesión del ajuste de estatus a los no ciudadanos al caracterizar incorrectamente este beneficio como algo extraordinario”.
Gallego añadió que la medida busca empujar a los solicitantes hacia los consulados estadounidenses en el exterior en lugar de permitir la vía tradicional dentro de Estados Unidos. A su juicio, eso contradice la intención del Congreso al aprobar la legislación migratoria vigente.
Abogados migratorios, organizaciones de defensa de inmigrantes y algunos exfuncionarios de Uscis advirtieron que la política rompe con una práctica aplicada durante más de seis décadas. Si se aplicara con el rigor que muchos expertos interpretaron al comienzo, obligaría a parte de los solicitantes a salir de Estados Unidos para terminar el trámite consular, con impacto sobre empleos, negocios, estudios y vínculos familiares.
Tras la controversia, el Departamento de Seguridad Interna dijo que el memorando no implicaba que todos los solicitantes debieran abandonar Estados Unidos y sostuvo que solo reiteraba principios legales ya existentes. La administración también remarcó que cada caso sería evaluado de forma individual.
Un portavoz de la oficina de Gallego declaró: “La supuesta aclaración de la administración solo añadió más confusión. Ahora la administración afirma que esto nunca fue un cambio de política para empezar, pero eso no es lo que dice el memorando”.
Para que el Congreso use el Acto para la Revisión del Congreso, primero debe establecerse que la medida constituye una “regla” bajo la definición legal aplicable. Si la GAO concluyera que sí lo es, el Congreso podría presentar una resolución de desaprobación y someterla a votación dentro de un plazo determinado.