La Fiscalía General de la República de El Salvador inició este 5 de junio los alegatos finales en el macrojuicio contra 485 jefes de la Mara Salvatrucha, acusados de miles de delitos, entre ellos más de 500 asesinatos de trabajadores públicos.
El juicio contra la cúpula de la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador entró en su etapa final. La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó los alegatos finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de exponer la estructura jerárquica y el control que ejercían los altos mandos de la organización criminal.
El proceso judicial, que comenzó el 20 de abril de 2026, juzga a 485 jefes de la pandilla, de los cuales 72 son juzgados en ausencia por estar prófugos o enfrentar procesos en Estados Unidos. A la estructura se le atribuyen miles de crímenes cometidos entre 2012 y 2022, incluidos más de 500 asesinatos contra trabajadores públicos, entre ellos más de 400 homicidios de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada (FAES).
El Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que la acusación se centra en demostrar la evolución de la MS-13, que pasó de ser un grupo de estructuras territoriales pequeñas a convertirse en un corporativo criminal hiperconectado. Según las investigaciones, la organización llegó a tener 32 programas nacionales, dos de ellos en el extranjero, y 230 clicas en todo El Salvador.
La Fiscalía destacó el uso del denominado “testamento”, un reglamento interno utilizado para adoctrinar a los miembros, asegurar el sometimiento y mantener el control vertical. Para sustentar la culpabilidad de los líderes, el ministerio público aplica la Teoría del Aparato Organizado de Poder, que permite responsabilizar penalmente a quienes daban las órdenes sin ejecutar materialmente los crímenes.
Los alegatos finales son la última fase del juicio oral antes de que el juez delibere y dicte sentencia. En esta etapa no se presentan pruebas nuevas, sino que se conectan las ya exhibidas para demostrar la teoría del caso. Más de 250 de los procesados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Aunque no se aplica cadena perpetua directa, las leyes salvadoreñas permiten la acumulación de penas: hasta 50 años por cada homicidio y cargos por agrupaciones ilícitas y rebelión, lo que podría resultar en condenas superiores a 500 años de prisión para cada imputado. Se espera que los alegatos finales y la resolución del tribunal tomen algunas semanas debido a la cantidad de imputados y expedientes.