El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que busca excluir la excusa absolutoria familiar del Código Penal para que familiares y allegados sean penalmente responsables por encubrimiento activo en casos de femicidio.
Buenos Aires, 8 junio (NA) — El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 277, inciso 4° del Código Penal para eliminar la exención de responsabilidad penal conocida como “excusa absolutoria familiar” en casos de encubrimiento activo de femicidios.
Actualmente, el Código Penal exime de pena a quienes encubren a un cónyuge, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, amigo íntimo o persona a la que se deba especial gratitud. Esta exención se fundamenta en un conflicto subjetivo o moral que esos vínculos generan al momento de colaborar con la Justicia.
En los fundamentos del proyecto, Michel afirmó que “la protección de los vínculos familiares no puede llegar al punto de neutralizar la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar hechos que lesionan de manera irreversible la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres”. También sostuvo que “allí donde el encubrimiento deja de ser una reacción familiar comprensible y pasa a convertirse en una contribución deliberada a la impunidad de un femicidio, el Estado debe contar con herramientas penales adecuadas para investigar y sancionar”.
El proyecto aclara que no penaliza la pasividad, el silencio ni la abstención de declarar contra familiares o amigos íntimos, ni exige la obligación de denunciarlos. Solo se penaliza el encubrimiento activo, definido como maniobras como ocultar pruebas, destruir evidencia, alterar la escena del crimen, destruir rastros o brindar información falsa.
La iniciativa busca adecuar la legislación argentina a la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar eficazmente la violencia contra las mujeres. Según el texto, estas obligaciones exigen “remover obstáculos normativos que puedan frustrar la investigación, favorecer la impunidad o impedir una respuesta judicial adecuada frente a hechos de violencia extrema contra las mujeres”.