Los españoles fuimos convocados a unas elecciones nacionales anticipadas el pasado 23 de julio. El adelanto electoral estuvo motivado por los resultados de las municipales celebradas el 28 de mayo, que dejaron un mapa teñido de azul por todo el territorio y muchos cambios sobre la mesa. Los pactos en consistorios han empezado a dar sus frutos, como la recuperación de la zona de aparcamiento y carga/descarga en la calle Pelai de Barcelona. Pero hay más, y los ayuntamientos gobernados por el tándem PP y Vox han empezado a cumplir con una promesa de estos últimos: eliminar la Zona de Bajas Emisiones.
Las ZBE saltaron a las portadas a principios de año, cuando entró en vigor la normativa que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a delimitar una Zona de Bajas Emisiones. Es una de las patas más polémicas de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que responde a las directivas aprobadas por la Comisión Europea y el Parlamento del viejo continente.
Vox no quiere las etiquetas
Las ZBE se recogen como zonas donde “el acceso a determinados vehículos está restringido debido a sus emisiones, es decir, son medidas pensadas para mejorar la calidad del aire” tal como recoge el informe de Ecologistas en Acción para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La clasificación de estos vehículos se lleva a cabo mediante los distintivos medioambientales de la DGT, las llamadas etiquetas, y Vox ha sido claro con su rechazo a dichas medidas.
En Barcelona se viven los primeros cambios urbanísticos.
Tal como os explicamos en el comparativo de los programas electorales respecto a la movilidad y la electrificación del parque automovilístico, el partido de Santiago Abascal prometía la “derogación inmediata de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, a su vez, es la que obliga a la creación de las Zonas de Bajas Emisiones”. Una sentencia que trasladó previamente a las elecciones municipales, convirtiendo las ZBE en su diana.
GIJÓN: las promesas no han caído en saco roto esta vez. Tras la constitución de los gobiernos municipales, ha empezado el desmantelamiento de las Zonas de Bajas Emisiones en los que rigen PP y Vox. El primero fue Gijón, con Carmen Moriyón al frente, que anuló el perímetro, permitiendo acceso y aparcamiento en las zonas ORA a los coches sin etiqueta.
MADRID: automáticamente, se habló de Madrid, dado que José Luis Martínez-Almeida, edil del PP en la capital, prometió anular el Madrid Central, pero tuvo que rehacer el perímetro al recibir un tirón de orejas por parte de la Comisión Europea.
VALLADOLID: un aviso que no parece afectar a Vox, que propone una consulta popular para que los empadronados en Valladolid decidan cómo debe ser la Zona de Bajas Emisiones. El objetivo de esta “consulta” es reducir el área y, de paso, alargar la implementación que estaba prevista para 2025.
MURCIA: una modificación que también exigen los del partido de Abascal en Murcia, dado que José Ballesta, alcalde de PP, sí pondrá en marcha una delimitación.
ELCHE: han sido más directos y según los medios locales: “no restringirá el tráfico en el casco histórico de la ciudad o su entorno”. El anterior gobierno se había preparado para aplicar la ZBE a mediados de año, pero aseguraban que sin restricciones generalizadas porque no se presentaban “situaciones de especial preocupación en cuanto a la contaminación ambiental”. En esta ciudad, PP y Vox quieren eliminar los carriles bicis, que tampoco perdurarán en Valladolid, Palma y Gijón.
