El Gobierno argentino ha anunciado la reapertura del programa de “Vouchers Educativos”, una iniciativa destinada a brindar asistencia económica a las familias con hijos que asisten a escuelas privadas con un subsidio estatal superior al 75%.
El programa “Vouchers Educativos”, que comenzará su convocatoria el próximo lunes 21 de abril y se extenderá hasta el 16 de mayo, busca aliviar los costos de las cuotas escolares en un contexto de creciente presión económica. El programa está dirigido a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, menores de 18 años, que asisten a instituciones educativas privadas con alta subvención estatal.
La ayuda económica cubrirá hasta el 50% del valor de las cuotas de jornada simple, excluyendo actividades extraprogramáticas. Este beneficio representa un alivio significativo para las familias de clase media que enfrentan dificultades para mantener a sus hijos en colegios privados.
Para acceder al programa, las familias deben cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, se establece que los ingresos familiares no deben superar siete veces el salario mínimo vital y móvil, lo que equivale a aproximadamente 2 millones de pesos.
Además, los adultos responsables deben registrarse en la plataforma Mi Argentina y completar un formulario con los datos de los menores a su cargo, incluyendo nivel educativo, grado e institución a la que asisten. Las escuelas adheridas al programa también tienen un rol fundamental, ya que deben certificar la regularidad académica de los estudiantes a través de la plataforma habilitada.
El programa de “Vouchers Educativos” fue lanzado por primera vez en abril de 2024 y tuvo una gran acogida. En su primera edición, más de 353 mil personas completaron el registro de sus hijos en la primera semana, solicitando vouchers para más de 542 mil alumnos.
Ciclo lectivo 2025
Este éxito inicial ha llevado al Gobierno a renovar la iniciativa para el ciclo lectivo 2025, con ajustes en el mecanismo administrativo para mejorar su implementación. La política de subsidios a la demanda educativa, como la que representa este programa, ha generado debates en el ámbito educativo y político.
Por un lado, se reconoce el esfuerzo del Gobierno para apoyar a las familias y garantizar la continuidad escolar en instituciones privadas. Por otro lado, críticos argumentan que este modelo desvía fondos públicos hacia la educación privada, reforzando desigualdades estructurales y dejando al sistema estatal en una posición vulnerable.
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