Desde el PRO elaboraron -a través de la Fundación Pensar– un informe sobre la motosierra del gobierno de Javier Milei sobre un conjunto de empresas del Estado que aún demandan ayuda del Tesoro Nacional para su funcionamiento. En el primer trimestre del año las transferencias ascendieron a $ 351.642,7 millones. Hay 14 empresas que siguen siendo deficitarias y el documento, firmado por el economista Nicolás Gadano, explica que seis compañías concentraron el mayor envío de dinero. Además, sostiene que si bien se redujo en un 40% el envío de fondos, 5 a de 33 empresas aumentaron sus gastos.
El listado de empresas que el Gobierno, a través de la Ley Bases, busca privatizar es extenso. Eso contribuirá, sostienen desde la Casa Rosada, a una reducción notoria del déficit del Estado que subvenciona a compañías que tienen sus números en rojo.
La normativa aprobada por el Congreso declara sujetas a privatización a 33 compañías estatales. Eso concede al Poder Ejecutivo la facultad de proceder a su privatización total o parcial, concesionar los servicios que prestaban o, en su defecto, liquidarlas y cerrarlas.
“La motosierra pasó. Se lograron importantes avances en materia de ahorro fiscal (0,4% del PIB) a través de una caída real del gasto consolidado del 40% y una caída en la planta de personal del 15%. Pero aún no podó”, es uno de los primeros conceptos del informe de 29 páginas.
Hasta ahora se logró la privatización de “una empresa IMPSA, que no figura en la nómina de la Ley Bases y se cerró otra (DECAHF)”, indica el documento. Empresas como la agencia Télam, cuyo cierre fue anunciado, solamente cambiaron de nombre (APE S.A.U.).
Según indicó Gadano, hay otros casos llaman la atención, como EDUC.AR, que aumentó las transferencias del Estado en un 302% o YPF, que aumentó un 55% su gasto en publicidad -alcanzó $100.000 millones en 2024, el mayor desde su reestatización-.
No obstante, más allá de los avances normativos y de la
mejora fiscal general, las experiencia sobre las empresas “han sido heterogéneas: algunas empresas demandaron más fondos al Estado Nacional que en 2023 (EDUC.AR, Casa de la Moneda y FASE); mientras que Correo redujo su dotación de personal en más de 4.000 empleados, YMAD la aumentó”.
Continuando con el análisis, desde el PRO indicaron que las empresas asociadas a la prestación de servicios públicos vieron aumentados sus ingresos propios (de la mano de la suba de tarifas); pero “5 de las 33 empresas que consolidan
aumentaron su gasto”.
El impedimento judicial
Hay que recordar que, pese a diversos anuncios realizados por el Poder Ejecutivo, tal es el caso del INTI, de Vialidad Nacional, como también del Banco Nación, hubo medidas cautelares concedidas por la Justicia las que impidieron avanzar con las modificaciones propuestas.
Esas decisiones tomadas en sede judicial fueron, justamente, las que desataron el enojo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien dijo que trabaja para reformar la Justicia. “El sistema judicial es el último reducto de la casta. Estoy estudiando qué ha hecho la Revolución Francesa con el sistema judicial”.
Pese a las cautelares otorgadas, las mismas no fueron sobre el total de las compañías que el Gobierno anunció que modificará su constitución, como es el caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que desde enero a la fecha recibió del Tesoro Nacional $ 45.000 millones para gastos corrientes sin producir energía.
El Poder Ejecutivo anunció en febrero que la transformará en una Sociedad Anónima, en un modelo similar al de Aerolíneas Argentinas, y el Estado conservará el paquete mayoritario de las acciones. Eso aún no ocurrió y continúa demandando la asistencia de la Casa Rosada.
Según la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, en el primer trimestre de este año el resultado de las compañías estatales fue positivo. Las compañías no financieras tuvieron ingresos por $ 2,5 billones y un saldo financiero de $ 7.093,7 millones.
Es decir, que las empresas estatales aumentaron sus recursos un 42,4%, en tanto que los gastos totales se incrementaron un 32,1%. Algo similar destaca la Fundación Pensar cuando habla de la reducción de gastos en un 40% respecto al envío de fondos a las compañías.
Las transferencias del Tesoro Nacional llegaron durante los tres primeros meses de este año a $ 351.642,7 millones, incluyendo tanto aportes corrientes como de capital. Sin embargo, un total de 14 empresas siguen arrojando déficit.
“El paso de la motosierra por el universo de empresas públicas no ha sido homogéneo y tampoco ha estado acompañado de una agenda integral de transformación, que incluya reestructuraciones, privatizaciones y/o cierres en el marco de un diagnóstico y una estrategia consistente con el plan económico y la orientación general del gobierno”, indicó Gadano.
Sobre este último aspecto, el documento de la Fundación Pensar expone la existencia de “iniciativas esporádicas y heterogéneas, que no se han traducido en avances significativos”.
Si bien se observa una reducción real de 40% respecto de 2023 y un ahorro fiscal del 0,4% del PBI, “el 89% de las transferencias totales se concentraron en solo seis empresas: ENARSA, OFSE, AYSA, CORREO, ADIF y CASA DE LA MONEDA”. Son justamente firmas que integran el listado de las 14 empresas deficitarias.
Por ejemplo, AYSA que recientemente se anunció su privatización por parte de la Casa Rosada, reflejó un déficit durante el primer trimestre de $ 10.420,6 millones. Resultado negativo también tuvo YCRT por $ 6.503 millones, y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado por $ 16.058,9 millones.
EDUCAR señalada por la Fundación Pensar como una de las que demandó un incremento en las transferencias del Estado, tuvo un rojo financiero de $2 2.231,3 millones.