En distintas ocasiones nos hemos referido al régimen patrimonialista de Santiago del Estero, subordinado por años a la voluntad del exgobernador y actual senador nacional Gerardo Zamora. Han merecido nuestra atención también las escandalosas usurpaciones de propiedades rurales a manos de una organización supuestamente campesina como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), con la venia de funcionarios públicos y hasta del propio presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Cuestionamos también el manejo discrecional de la obra pública en Santiago del Estero. Sobreprecios financiados por una generosa coparticipación federal, complementada con aportes adicionales como el programa de “reparación histórica”, anunciado por el expresidente Néstor Kirchner y controlado durante años por Julio de Vido, destinados a obras de escasa rentabilidad social como edificios para oficinas públicas o viaductos para un coche motor sin pasajeros.
No menor es el problema del narcotráfico, que condujo a que un juez federal de Córdoba describiera acertadamente a la provincia como un portaaviones para el aterrizaje de aviones cargados de drogas.
Con miedo a perder sus empleos, muchos hablan en voz baja para evitar represalias. Otros no se animan a presentarse a licitaciones que suelen ser amañadas. Mientras tanto, muchos de los que ejercen cargos públicos no pueden justificar su elevado nivel de vida, al igual que una cohorte de proveedores del Estado que se enriquece con compras sin concursos ni licitaciones.
A esa red conformada para usufructuar el presupuesto provincial en provecho propio se vincula a Pablo Toviggino, de quien Sergio Massa solía decir “Es hombre mío”. En sus orígenes un simple vendedor ambulante llegado desde Rosario a un barrio marginal de la ciudad de Santiago del Estero, hábil para expandirse bajo el control político del exgobernador, con aceitadas relaciones con su hermano, Daniel Zamora, a la hora de construir también un holding de empresas
Fue a través de Toviggino como el actual senador Zamora se vinculó con el mundo del fútbol y sus negociados, utilizando fondos provinciales para el pago de sueldos y alquileres de las casas de futbolistas traídos desde otras provincias. No lo ha negado el exgobernador, quien ha defendido lo que califica como una política de Estado para ayudar a los clubes de la provincia. Se trata de políticas que, a lo largo de 20 años, convirtieron a Santiago del Estero en una de las tres provincias con los peores índices educativos y con el menor acceso a servicios sanitarios básicos. Entre 2020 y 2024, Zamora habría derivado más de 1000 millones de fondos públicos a Central Córdoba, el club de Toviggino cuyo tesorero era Luis Fiad, subsecretario de Presupuesto y Hacienda del Ministerio de Economía santiagueño hasta que Zamora concluyó su mandato. Fiad pedía la plata y él mismo autorizaba las remesas. Otro escándalo.
Son varios los clubes de las distintas divisiones subvencionados con fondos de la Nación. La necesidad de justificar el Estadio Único Madre de Ciudades, construido por la provincia a orillas del río Dulce, condujo a decisiones arbitrarias de quienes manejan la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el armado de importantes partidos que incluyeron a la selección nacional y a clubes del área metropolitana de Buenos Aires, cuyos simpatizantes debían trasladarse a casi 1200 kilómetros de distancia.
Los escándalos de la AFA que vinculan a Toviggino, tesorero de la entidad y mano derecha del presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, con las irregularidades e ilícitos que se suceden en la provincia santiagueña, solo son posibles debido al deterioro de la justicia federal y a una justicia provincial sumamente dependiente, con muchos de sus integrantes actuando por años como interinos. A todo esto, se suma el disparate de negociaciones entre los gobiernos nacional y provincial que, durante años, concedieron a los gobernadores vital influencia en el nombramiento de jueces y fiscales federales.
Terminar con la cultura de la impunidad y recuperar en la ciudadanía la confianza en el imperio de la ley vuelve los ojos a la justicia federal, pues lo que ocurre en Santiago del Estero se repite en el país con personajes escandalosos como el exjuez Walter Bento, en Mendoza, o el juez Alberto Lugones, quien estando a cargo de la Cámara Federal de San Martín durante la feria judicial resolvió en soledad trasladar la causa judicial sobre la suntuosa quinta de Pilar atribuida a Toviggino y Tapia, desde el juzgado en lo penal económico, a cargo de Marcelo Aguinsky, al juzgado federal de Zárate-Campana, a cuyo frente está el cuestionado Adrián González Charvay. El pedido del cambio de juzgado había sido solicitado por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, sindicados como testaferros del tesorero de la AFA, seguramente en la suposición de que estará en manos de un magistrado proclive a la tolerancia con la corrupción.
Insólitamente, el juez González Charvay les ha pedido a otros dos juzgados que investigan el posible desvío de fondos de la AFA a empresas del extranjero vinculadas a Toviggino que “se inhiban de seguir entendiendo en esos hechos y remitan las actuaciones correspondientes en forma urgente” a su juzgado.
Son múltiples las presunciones de delitos vinculados con los desmanejos de dirigentes de la AFA. Van desde el desvío y la triangulación de fondos a sociedades fantasmas en paraísos fiscales o a testaferros, hasta la emisión de facturas truchas por servicios nunca prestados, la retención indebida de aportes previsionales y la evasión de impuestos. En este hediondo lodazal, se asocian dirigentes del fútbol, sectores de la política y de la Justicia.