Avanza la primera privatización del gobierno de Javier Milei. El Senado de Mendoza aprobó por 19 votos afirmativos y 16 negativos el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autoriza la transferencia de las 454.300.000 acciones Clase C de IMPSA en manos del Estado provincial, que tiene un 21,4% del paquete accionario de la compañía que emplea a 720 trabajadores especializados en la industria energética.
Ahora, será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Este paso marca un hito en el proceso de desvinculación del Estado en la empresa, abriendo la puerta a inversores nacionales e internacionales interesados en adquirirse con sus operaciones de fabricación de turbinas, equipamiento parques eólicos y desarrollo de centrales atómicas. Entre ellos, figuran grupos de los Estados Unidos, España y Chile.
La firma perteneció a la familia Pescarmona y por negocios truncos durante el kirchnerismo cayó en procedimiento de crisis. En 2021, la estatizó el gobierno de Alberto Fernández y antes de fin de año puede convertirse en la primera empresa privatizada en la ‘era Milei’.
La senadora Ángela Floridia, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, recordó que en 2020 la empresa enfrentó serios problemas financieros debido a contratos fallidos con Brasil, Venezuela y Santa Cruz, lo que «puso en riesgo tanto la estabilidad laboral como la continuidad operativa de IMPSA».
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial intervinieron con un plan de recomposición de la estructura de capital, con el fin de garantizar la preservación de los puestos de trabajo y la relación de la empresa con más de 100 pymes locales.
El plan de salvataje contempló tres etapas: la reestructuración de la deuda mediante un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), la capitalización a través de la emisión de acciones Clase C y la venta posterior de las acciones Clase A y B.
El gobierno de Mendoza suscribió parte de las acciones Clase C bajo la condición de que el Estado Nacional aportara la mayor parte del capital. Este compromiso fue cumplido a través de un Aporte del Tesoro Nacional, lo que permitió a ambos gobiernos aportar los fondos necesarios para mantener a la empresa en funcionamiento.
Sin embargo, la legisladora explicó que el objetivo de la intervención estatal fue «temporal» y, tras haber cumplido con su propósito, ahora se busca vender las acciones a través de «un proceso competitivo y transparente».
La intención del oficialismo mendocino es asegurar que los compradores interesados cuenten con un plan de negocios sólido y la experiencia necesaria para llevar adelante el futuro de IMPSA, conservando tanto los puestos de trabajo como su rol como motor de desarrollo económico en Mendoza.
Posteriormente, tanto el senador Valentín González como su par Germán Vicchi informaron que desde su espacio acompañarían el despacho en minoría presentado por el bloque Unión Mendocina. A continuación, el legislador Dugar Chappel, del Partido Verde, indicó que votaría en contra del proyecto, al igual que sus compañeros de bancada en Diputados.
Otro de los legisladores que se refirió al proyecto fue el senador Armando Magistretti, del bloque Demócrata, quien comunicó que acompañaría el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. También se pronunciaron al respecto el senador Félix González, del bloque justicialista, y la senadora Natacha Eisenchlas, del oficialismo, quien resaltó la importancia de IMPSA para la provincia de Mendoza.
SN
