En su objetivo por seguir adelante con el desguace del Estado, el gobierno de Javier Milei inició este lunes el proceso para avanzar en la privatización de Corredores Viales, la empresa estatal que administra 6.000 kilómetros de rutas en todo el país.
Así quedó plasmado en la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Luis Caputo.
Allí el gobierno libertario estableció un plazo de doce meses para transferir la gestión de la red vial nacional a operadores privados y avanzar en la disolución de la compañía estatal.
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La medida se enmarca en lo dispuesto por la denominada Ley Bases, que incluyó a Corredores Viales SA en el listado de compañías sujetas a privatización, y en los decretos reglamentarios 695/2024 y 97/2025.
El procedimiento estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, con participación de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. El objetivo es rescindir los contratos de concesión actuales, otorgar los corredores a nuevos operadores privados y luego avanzar con la disolución y liquidación de la firma estatal.
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Javier Milei con la motosierra.
La resolución instruye a la Secretaría de Transporte a confeccionar el inventario de bienes que deberán ser restituidos al Ministerio de Economía y a elaborar la documentación necesaria para la extinción de contratos. También la faculta a definir la nueva conformación de los tramos de la red nacional, evaluar el estado de obras e infraestructura y solicitar la rescisión de convenios que no sean considerados prioritarios.
El Decreto 416/2025 estableció que todo el proceso de licitación y adjudicación de las concesiones se realice mediante la plataforma digital CONTRAT.AR. En tanto, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará las acciones para cumplir con el cronograma, incluyendo la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación por peaje y la tasación de los bienes de la compañía, tarea que estará a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación u otro organismo público competente.
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La normativa fija un plazo máximo de doce meses para concretar la adjudicación de los nuevos tramos viales y proceder a la liquidación de la sociedad estatal. Asimismo, dispone que la Secretaría de Transporte prepare la documentación técnica, contractual y licitatoria, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y con la posibilidad de solicitar apoyo técnico de Corredores Viales SA mientras dure la transición.
El proceso de privatización se enmarca en la estrategia oficial de transformación del sector público, que incluye liquidaciones, cierres, ventas parciales o totales, fusiones y reestructuraciones de empresas estatales.
La medida impacta en la gestión de la red vial nacional y abre la participación de operadores privados, nacionales e internacionales, en la concesión de rutas y autopistas bajo el régimen de obra pública por peaje.
De acuerdo con datos oficiales, al cierre de junio Corredores Viales contaba con 3.307 trabajadores y registró en el primer semestre un superávit financiero de 5.200 millones de pesos, lo que le permitió no requerir transferencias del Tesoro Nacional.
Resolución 1284/2025:
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