El país posee una oportunidad histórica para desarrollar una industria de alto valor agregado con fuerte demanda internacional, pero la falta de acuerdos políticos y regulatorios mantiene la producción por debajo de su potencial.
Argentina tiene una capacidad instalada para producir biodiésel de 3,9 millones de toneladas anuales, de las cuales el 85% se concentra en la provincia de Santa Fe, según datos del sector. Sin embargo, solo una fracción de esas plantas opera a pleno, lo que genera capacidad ociosa y limita el empleo directo y la recaudación tributaria provincial.
El biodiésel es un combustible renovable producido a partir de aceites vegetales o grasas animales mediante un proceso químico llamado transesterificación. Puede utilizarse como sustituto total o parcial del gasoil derivado del petróleo. Argentina cuenta con una ventaja competitiva basada en la disponibilidad de aceite de soja, principal materia prima para su fabricación.
La demanda internacional de biocombustibles creció en los últimos años impulsada por la necesidad de reducir emisiones contaminantes, la búsqueda de fuentes energéticas renovables y la inestabilidad geopolítica en regiones productoras de petróleo. Estados Unidos, la Unión Europea, India y Brasil desarrollan políticas activas para promover estos combustibles.
Entre las ventajas del biodiésel figuran su bajo contenido de azufre, la reducción de emisiones contaminantes, su carácter renovable y biodegradable, y la posibilidad de utilizarlo mezclado con gasoil convencional sin modificaciones significativas en la mayoría de los motores. Tiene también limitaciones: depende del precio de los aceites vegetales, compite con otros usos agrícolas y presenta dificultades de almacenamiento prolongado o de funcionamiento en climas extremadamente fríos.
Durante la primera década del siglo XXI, el biodiésel se convirtió en una de las principales exportaciones industriales derivadas de la soja. Argentina llegó a liderar el comercio mundial del producto y desarrolló un importante polo industrial en torno a los puertos del Gran Rosario. Sin embargo, el proceso se frenó.
Los actores de la industria señalan como principal obstáculo el marco regulatorio. La Ley 27.640 de Biocombustibles, aprobada en 2021, redujo el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 10% al 5%. Posteriormente fue elevado al 7,5% debido a problemas de abastecimiento de combustible, porcentaje que continúa vigente. Según la Bolsa de Comercio de Rosario y entidades empresarias, esa reducción provocó una caída de la demanda interna y elevó los niveles de capacidad ociosa.
Además, la ley permite que la Secretaría de Energía modifique el porcentaje de mezcla, generando incertidumbre que desalienta inversiones de largo plazo. Otro punto cuestionado es el sistema de cupos que reserva parte del abastecimiento interno a determinadas pymes. Sus defensores sostienen que permitió desarrollar industrias en el interior del país y evitar la concentración del negocio. Sus críticos afirman que limitó la competencia, redujo la eficiencia y frenó el crecimiento exportador.
A esto se suma el esquema de precios administrados. Las cámaras empresarias sostienen que, en distintos períodos, los valores fijados por el Estado quedaron por debajo de los costos de producción, especialmente del aceite de soja, generando pérdidas operativas para numerosas plantas.
Mientras tanto, los principales competidores avanzan. Brasil incrementa progresivamente los porcentajes obligatorios de mezcla y fortalece su industria. En Argentina, en cambio, la utilización de la capacidad instalada permanece muy por debajo de su potencial.
El sector reclama medidas como elevar el corte obligatorio al 10%, 15% o incluso 20%; garantizar el cumplimiento efectivo de las mezclas; otorgar mayor estabilidad regulatoria; revisar el sistema de cupos; establecer mecanismos de precios más previsibles; y abrir nuevos mercados para los biocombustibles.