El fondo Burford Capital decidió recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) luego de perder en segunda instancia en la justicia de Estados Unidos. La jueza Loreta Preska habilitó el uso de pruebas recabadas en ese país para el nuevo frente judicial contra Argentina.
Burford Capital confirmó que llevará el juicio por la reestatización de YPF ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Este tribunal es un ámbito en el que Argentina mantiene un historial favorable: todas las demandas previas en su contra en esa instancia fueron desestimadas.
La decisión se produce después de que el fondo perdiera en la segunda instancia de la justicia de Estados Unidos. La jueza Loreta Preska, del Segundo Distrito Sur de Manhattan, autorizó a Burford a utilizar toda la información y pruebas obtenidas durante el proceso judicial estadounidense para una eventual presentación ante el Ciadi, incluyendo datos sobre presuntos incumplimientos de contratos y violaciones de derechos de inversores.
Según la demanda que prepara Burford, la reestatización de YPF realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, no habría respetado los acuerdos firmados en la década de 1990 durante la gestión de Carlos Menem. El fondo sostiene que no se pagó a los accionistas minoritarios tras la liquidación a Repsol por el 51% de las acciones, lo que violaría los tratados de protección de inversiones firmados con Estados Unidos y España.
El primero de esos acuerdos es el Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos de América sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 14 de noviembre de 1991 y vigente en 2012. El segundo es el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y el Reino de España, firmado el 3 de octubre de 1991.
Antes de acudir al Ciadi, Burford ofrecerá a Argentina una instancia de “negociación amistosa”, en la que podría proponer una reducción de los U$S 16.000 millones originales que había fijado Preska en primera instancia. Se espera que el país rechace esa oferta, lo que llevaría el caso al tribunal internacional.
En el Ciadi, la primera etapa consistirá en la designación de los árbitros: uno por Argentina, otro por Burford y un tercero independiente. Luego, el fondo deberá justificar por qué eligió esta vía después de haber recurrido inicialmente a la justicia estadounidense, y demostrar que le corresponde el estatus de inversor protegido.