La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de Argentina de suspender la sentencia de transferencias de acciones de YPF a los beneficiarios de su fallo en la causa por la estatización de la petrolera.
Así lo confirmó el especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors a través de sus redes sociales.
El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un “stay” (suspensión temporaria de la sentencia) dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.
El fallo sobre YPF y la ignorancia de la ley
Este lunes la magistrada cargo del tribunal del Distrito Sur de Nueva York rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones a favor de Burford Capital.
Según la jueza neoyorkina, “la República (Argentina) ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales”.
Y añadió que enero de 2024, se concedió “la suspensión sin requerir una fianza de apelación, con la condición de que la República solicitara una revisión acelerada en la Corte de Apelaciones y ofreciera una ‘una garantía mínima’, lo que implicaba comprometer activos mínimos a favor de los denunciantes. Argentina no aceptó”.
“La República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente, el cual permanece sin suspensión únicamente por responsabilidad de la propia República”, sostuvo la jueza Preska.
Qué hará el estado argentino
Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.
Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.
La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
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