A través de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo detectó que la empresa triangulaba sus operaciones a través de una sucursal en Uruguay con el fin de omitir el pago de impuestos.
«El artilugio utilizado consistía en revender la mercadería a una sucursal en el país vecino a un costo muy por debajo del promedio para aliviar la carga tributaria», señaló la AFIP en un comunicado.
A partir del análisis realizado por la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, se advirtió que la sucursal de la empresa en Uruguay no tenía contacto con la mercadería ni participaba de ningún proceso de la venta porque los granos eran embarcados directamente desde Argentina hacia su destino en el exterior.
«Por lo tanto, su intervención en la cadena de comercialización no tenía sentido alguno», indicó la AFIP.
El organismo dirigido por Carlos Castagneto aseguró que la empresa «no pudo exponer fundamentos razonables que justifiquen esas operaciones de venta a esos precios».
Siguiendo la trazabilidad de cada una de las exportaciones, la AFIP valorizó las operaciones de venta de los productos que luego fueron revendidos por la sucursal uruguaya a intermediarios «independientes», utilizando un precio razonable de mercado y se llegó a un ajuste impositivo de más de $ 3.000 millones.
«Curiosamente, esta firma presentaba para ese período resultados negativos, razón por la cual el accionar del fisco logró corregir una utilización inadecuada de la deducción de pérdidas ficticias en la determinación del impuesto a las ganancias», explicó.