La marcha de los jubilados de este miércoles no fue una más: al reclamo se sumaron otros sectores como los profesionales del Hospital Garrahan, investigadores del Conicet, personas con discapacidad y representantes del movimiento Ni Una Menos. PERFIL recopiló cinco números que explican la presencia de estos grupos en la marcha que ya se volvió una constante.
1- La Línea 144, con un 45% menos de personal. La tradicional marcha del 3 de junio en conmemoración del primer grito colectivo de Ni Una Menos –que este año cumplió diez años– se trasladó al miércoles 4 para acompañar el reclamo de los jubilados. Un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analizó algunos datos sobre esta década. “Vemos intentos de volver atrás”, señalaron. Para justificar esta afirmación desde ELA brindaron algunos números: durante el último año la Línea 144 perdió el 45% de su personal, el Programa Acompañar se redujo en un 82% y la cantidad de mujeres asistidas cayó un 98,7%.
El recorte en políticas de género no resulta beneficioso para el ajuste, agregaron. “Además del costo irreparable en vidas, abandonar la prevención y asistencia también tiene un altísimo costo para el propio
Estado: es 22 veces más caro no intervenir a tiempo que invertir en políticas integrales”.
El 16 de mayo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció en su cuenta de X la eliminación de trece programas –según sus palabras, “ideológicos”–. Entre ellos, el de “Dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género” y el de “Apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género”.
Un informe de Futuros Mejores agrega que, antes de ser desmanteladas, “las políticas de género y diversidad alcanzaban a un millón de mujeres y diversidades y costaban US$ 32.000.000 por mes, lo que significaba sólo el 0,2% del presupuesto de la Administración Pública Nacional”.
2- 73% de atraso en aranceles a prestatarias de personas con discapacidad. El coordinador del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, denunció que el atraso en la actualización de los aranceles de los honorarios de quienes brindan servicios de educación, transporte y rehabilitación ya llega al 73%, lo que vuelve insostenible la continuidad de muchas prestatarias. “Ya hoy, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, hay mucha gente que pasa a buscar un tratamiento y no lo encuentra, especialmente quienes no tienen ninguna cobertura”, destacó Molero en una nota publicada en la página web del Foro.
A la par, y tal como detalló en una nota PERFIL, el Ministerio de Salud incrementó su presupuesto en $ 30 mil millones para enviar cartas documento (cinco
veces más que el costo anual de los trece programas eliminados por el Ministerio de Justicia y mencionados más arriba). El objetivo de esta ampliación, como explicaron en esa oportunidad desde la cartera, era cumplir con los pasos necesarios para llevar adelante las auditorías a los 1,2 millones de personas que cobran una pensión por discapacidad. Esa pensión fue, en mayo, de $ 207.537, a lo que se le agrega el bono de $ 70 mil.
3- 633.293 consultas ambulatorias. Los médicos y el personal del Hospital Garrahan atendieron, durante 2024 –y según el anuario estadístico de la institución– a más 633 mil pacientes ambulatorios. También hicieron 10 mil cirugías y 2.348.071 de estudios de laboratorio. De acuerdo con los datos del mismo informe, cuenta con un total de 4.728 trabajadores, de los cuales 3.190 se dedican a la atención directa de los pacientes.
La Asamblea de Residentes de Pediatría del hospital explicó en un tuit fijado en su cuenta lo que está ocurriendo en el Garrahan. “Los residentes somos médicos recibidos en formación en la especialidad de pediatría.
Estudiamos 6-7 años de facultad (…) e ingresamos a la residencia a través de un orden de mérito”, aseguran. “Somos la primera línea de atención en las diferentes áreas del hospital, cumplimos jornadas de hasta setenta horas semanales, percibiendo un salario para residentes de primer año de $ 797.060 mensuales, el cual está por debajo de la línea de pobreza”. La canasta básica que mide el Indec para una familia tipo (y que tiene en cuenta bienes y servicios, pero no alquiler) fue, en abril, de $ 1.110.063.
4- 1.000 investigadores no acceden a su cargo. Desde ATE Conicet denunciaron un “vaciamiento” del sistema científico nacional, con un presupuesto que es “el más bajo desde que se tiene memoria dentro de la era democrática”, afirmó Sol Martínez, secretaria gremial. Desde el sindicato alertaron sobre el cierre de las carreras de investigadores y personal de apoyo: más de mil trabajadores concursados no acceden a su cargo.
“Estamos denunciando salarios por debajo de la línea de pobreza y salarios congelados en los que son becarios de agencias desde hace más de un año.
Estamos denunciando un vaciamiento y un desangre en la institución a causa del aumento muy significativo de renuncias y un éxodo de científicos hacia el sector privado y hacia el exterior por las condiciones laborales y los bajos salarios”, agregó Martínez en una nota publicada en la web de ATE.
Estiman, además, que el personal se redujo en 1.300 personas respecto a 2024.
5- Los ingresos, el 30% de una canasta básica de un jubilado. De acuerdo con el último cálculo de la Defensoría de la Tercera Edad, un jubilado necesitaba, en abril, un ingreso mensual de $ 1.200.523. La jubilación mínima, en mayo y contando el bono congelado desde marzo de 2024, es de $ 366.481,74, lo que alcanza a cubrir el 30% de esa canasta. En la estimación de la Defensoría tienen un peso significativo ítems como alimentos ($ 279.894), medicamentos ($ 260.245 mensuales) y vivienda ($ 245 mil). El ingreso mínimo alcanza para cubrir uno solo de estos rubros.