Precios liberados: una familia necesita más de $2 millones para cubrir la canasta de servicios

El gobierno de Javier Milei ha implementado una serie de políticas económicas basadas en la liberalización de tarifas y la reducción del gasto público, medidas que han tenido un impacto devastador en los ingresos de las familias trabajadoras en Argentina. Según un informe reciente de la consultora Focus Market, el costo de la canasta básica de servicios para una familia de cuatro personas alcanzará los $2.124.135 en marzo de 2025, lo que representa un aumento del 15,1% respecto a noviembre de 2024 y un incremento interanual del 63,72%. Estos incrementos, que afectan a rubros fundamentales como salud, educación, vivienda y transporte, están erosionando cada vez más el poder adquisitivo de los salarios.

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El informe detalla cómo los principales servicios han registrado subas pronunciadas. Por ejemplo, el alquiler de un departamento de tres ambientes en el Gran Buenos Aires aumentará de $601.300 a $662.425 entre noviembre de 2024 y marzo de 2025. Los servicios básicos como agua, luz y gas, fundamentales para el desarrollo de cualquier hogar, sumarán $80.691 en marzo de 2025. Por otro lado, el transporte público, indispensable para la movilidad de millones de trabajadores, subirá de $49.373 a $54.329 mensuales, con costos aún mayores para quienes no cuentan con una tarjeta SUBE nominalizada.

Los tarifazos en los servicios públicos no frenan, Edenor y Edesur presionan para lograr un nuevo aumento del 10% a fin de mes. Las privatizaciones siguen siendo una estaba, a pesar de las subas abultan sus ganancias, durante el verano los usuarios sufrieron cortes de luz por la falta de mantenimiento.

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El gasto mensual en combustible para el uso ocasional de un automóvil durante los fines de semana será de $98.156, mientras que el seguro obligatorio aumentará de $85.993 a $97.012. En cuanto a la educación, el costo promedio de los colegios privados para dos niños se incrementará de $256.460 a $355.402, lo que pone en evidencia que la educación de calidad es un lujo inaccesible para muchas familias. En el ámbito de la salud, las prepagas para una familia tipo subirán de $349.814 a $409.830, dificultando aún más el acceso a servicios médicos esenciales.

¿La trampa de la baja inflación?

A pesar de los datos oficiales que van acompañando el discurso oficial de una inflación a la baja, la realidad para los trabajadores es que sus ingresos alcanzan para menos bienes y servicios. ¿Cómo se explica esto? Por un lado, la pérdida del poder adquisitivo en términos reales ha sido alarmante. Los salarios de los sectores más precarizados sufriendo pérdidas mayores, en un momento en el que crece la precarización laboral.

Mientras los salarios estatales están congelados. Esta situación está directamente relacionada con las políticas de ajuste que, lejos de beneficiar a las mayorías populares, han favorecido a los grandes empresarios mediante la liberación de precios, y el intento de ataques a los derechos laborales. La contradicción entre una inflación a la baja y salarios que no llegan a fin de mes ha desatado una polémica entre analistas y economistas en relación a la subestimación de ciertos bienes y servicios usados en la canasta de precios que es tomada como fuente para elaborar el índice IPC del Indec.

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Los tarifazos en servicios públicos, comunicación, transporte y otros sectores han profundizado la crisis económica y social, llenando los bolsillos de los grandes empresarios mientras los trabajadores sufren las consecuencias, ese es el rumbo económicao confirmado por Milei y Caputo.

En este contexto, desde la izquierda se propone un conjunto de medidas inmediatas como un aumento de emergencia para salarios, jubilaciones y programas sociales, así como la actualización automática frente a la inflación. Entre ellas, se destaca la necesidad de implementar una jornada laboral de seis horas, cinco días a la semana y sin reducción salarial, lo que permitiría generar empleo digno para millones de desocupados. Además, se plantea la nacionalización de la banca y el comercio exterior, medidas esenciales para garantizar el control de los recursos económicos y evitar la fuga de capitales.

Otra de las propuestas fundamentales es el desconocimiento soberano de la deuda externa y la ruptura con el FMI, lo que permitiría liberar recursos para destinarlos a la satisfacción de las necesidades sociales. Estas medidas, aunque radicales, buscan enfrentar de manera estructural los problemas de desigualdad y pobreza que afectan a la mayoría trabajadora.

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