El organismo de control provincial recomendó no aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2025 y señaló irregularidades contables, financieras y de inversión en la gestión del gobierno de Martín Llaryora.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba emitió un dictamen en el que recomendó no aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2025. Las áreas técnicas y jurídicas del organismo concluyeron que la documentación analizada carece de razonabilidad, consistencia y transparencia, y que no existen elementos de juicio suficientes para validar las cuentas presentadas por el Poder Ejecutivo provincial.
El presidente del Tribunal, Beltrán Corvalán, afirmó: “Por tercer año consecutivo vamos a rechazar todo lo actuado por la provincia el año pasado, (Martín) Llaryora nos inventa un superávit que no existe”. Corvalán sostuvo que la administración tiene déficit en lugar de los $592.000 millones de ganancias declarados.
El dictamen identifica seis bloques de irregularidades que van desde la distorsión del resultado económico hasta el uso irregular de fondos fiduciarios, pasando por el incumplimiento de obligaciones constitucionales en materia educativa.
El superávit que no existe
El punto central del rechazo es la detección de lo que el Tribunal denomina un “superávit artificial”. La administración provincial presenta resultado positivo para el ejercicio, pero el organismo de control determinó que esa cifra es producto de maniobras contables aplicadas por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF).
Según el dictamen, ACIF “capitaliza” pérdidas por diferencias de cambio e intereses que representan el 98,44% de la deuda pública, contabilizándolas como activos en lugar de registrarlas como gastos. Si se aplicara un criterio de legalidad y homogeneidad contable, el ejercicio 2025 no sería superavitario: arrojaría un déficit real de $444.986 millones.
Los recursos del Tesoro también están sobrevaluados
El Tribunal también cuestionó la disponibilidad de recursos informada por el Ejecutivo, cifrada en $1.464.443 millones. De ese total, el 66,78% corresponde a un crédito que el Estado provincial mantiene contra la Caja de Jubilaciones, un activo que el organismo de control califica como ilíquido y de recuperación incierta.
Ese crédito, además, está sobredimensionado. Incluye $531.568 millones en intereses que el dictamen cuestiona técnicamente, lo que agrava la brecha entre los números presentados y la situación financiera real del Tesoro.
La Caja de Jubilaciones, en quiebra técnica
Uno de los hallazgos más graves del informe refiere al estado financiero de la Caja de Jubilaciones. El Tribunal describió una “financiarización del derecho social”: el Estado provincial opera como prestamista del organismo previsional y le aplica tasas de interés BADLAR, generando un pasivo que el dictamen califica de “artificial e impagable”.
El resultado es un patrimonio neto negativo de $936.352 millones. El dato más relevante es la composición de ese número: el 76% del déficit informado no proviene del funcionamiento previsional propio, sino de los intereses generados por esa relación financiera con el Estado provincial.
Educación y otros Fondos
El dictamen también registra el incumplimiento del piso de inversión educativa establecido por la Ley 9.870, que fija un mínimo del 35% del presupuesto. Durante el ejercicio 2025, la inversión en educación alcanzó el 27,13%, una diferencia de casi ocho puntos porcentuales que el Tribunal traduce en una desinversión de aproximadamente $785.000 millones.
En la misma línea, el organismo señaló que persiste el incumplimiento de la Ley 9.175 sobre el Fondo Anticíclico. La provincia no constituyó ese fondo durante los períodos de alta recaudación, lo que la deja sin herramientas de resguardo ante futuras crisis económicas.
En materia de fondos especiales, el Tribunal detectó dos casos puntuales. En el Fondo Único de Crédito Oficial (FUCO), se verificó un exceso de utilización de $51.877 millones por encima del límite legal, configurando —según el dictamen— un financiamiento de hecho sin respaldo normativo.
En el Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario (FDA), el organismo advirtió que los fondos fueron desviados de su objeto específico para financiar la compra de un avión hidrante, un bien de protección civil general sin vínculo con el destino agropecuario del instrumento. La operación se canalizó además a través de ACIF, eludiendo así el control preventivo del propio Tribunal de Cuentas.
A esto se suma una tendencia que el Tribunal describe con preocupación: el 72% de la inversión en infraestructura se ejecuta a través de entes descentralizados y agencias que están excluidos del control preventivo. Esa concentración del gasto fuera del circuito de fiscalización genera, según el dictamen, una “zona gris” en la administración de los fondos públicos.