La Asamblea Nacional venezolana sancionó una normativa que actualiza el marco legal del sector, con el objetivo de atraer capitales foráneos y ofrecer nuevas garantías a los inversores.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley minera impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. La legislación, que consta de 131 artículos, reemplaza un marco regulatorio vigente por casi tres décadas.
El proyecto, que recibió aprobación final y unánime este jueves, forma parte de un esfuerzo por ofrecer mayores garantías legales y un régimen fiscal más flexible a inversionistas internacionales. La medida se conoce en un contexto donde Estados Unidos evalúa levantar sanciones al Banco Central de Venezuela.
La reforma mantiene la propiedad estatal de los recursos y el control sobre la aprobación de proyectos, pero introduce cláusulas de “equilibrio económico” y acceso a arbitraje internacional, a diferencia de la normativa anterior que restringía las disputas a tribunales locales.
El nuevo régimen fiscal se centra en regalías de hasta el 13% de la producción y un impuesto minero de hasta el 6% sobre los ingresos brutos, junto con exenciones de varios gravámenes existentes. Las concesiones pueden extenderse hasta 30 años, con posibilidad de dos prórrogas de una década.
Funcionarios venezolanos señalaron que la reforma busca atraer capital a proyectos de oro, bauxita y otros minerales estratégicos, aunque el gobierno se reserva la facultad de designar ciertos recursos o áreas como de interés nacional.