La violencia económica contra las mujeres “es una de sus formas más perniciosas”, afirmó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en su discurso durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en 2024. “Si bien esta violencia quizás no se manifieste en moretones y heridas, sí puede resultar tan perjudicial como la violencia física, atrapando a mujeres y niñas en ciclos de denigración y desigualdad”, agregó.
Según el Observatorio de Género de La Pampa, las denuncias por violencia aumentaron un 9% entre 2023 y 2024, y en el 22% de los casos involucran, entre otros tipos de maltratos, el económico. Durante ese último año ingresaron 1.097 legajos al Poder Judicial y se asistieron 1.300 casos desde la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de esa provincia, en su mayoría vinculados a violencia doméstica y psicológica.
“Este aumento en las denuncias refleja, por un lado, la persistencia de situaciones estructurales de desigualdad, y, por otro, una posible mayor confianza en los dispositivos de atención y los canales institucionales. A partir de esta lectura, las áreas competentes estamos reforzando el acompañamiento y la prevención”, explicó a este medio Gabriela Labourie, responsable del área.
La funcionaria agregó que se puede registrar cierto avance, con los años, en la identificación de situaciones que antes se naturalizaban. Pero también advirtió que, aunque existe una mayor conciencia y acceso a la información, “también es una realidad que el contexto económico y social devenido de las políticas nacionales está empujando situaciones de mayor vulnerabilidad”. Se trata de un contexto, resaltó, en el que “las políticas de género han sido desfinanciadas, desarticuladas o directamente desmanteladas”.
En mayo el gobierno nacional oficializó el cierre de 13 programas vinculados al tema. Entre ellos, Producir, destinado, según la web oficial describía, a “fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan estado en situaciones de violencia de género”, a través de la asistencia a proyectos productivos de organizaciones comunitarias. También se eliminaron Igualar, cuyo propósito era “reducir las brechas y segregaciones estructurales de género” en el mundo del trabajo, lo que se intentaba conseguir a través de la capacitación a empresas y organizaciones en políticas de equidad de género; y el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género, que incluía asesoramiento psicológico y un aporte económico a familiares de víctimas de violencias extremas. El sitio de la iniciativa eliminada, que todavía está disponible, aclara que se entiende por violencias extremas por motivos de género “a las muertes violentas contra cualquier persona que sufriera violencia letal basada en su identidad de género, expresión de género u orientación sexual”.
Labourie aseguró que a esto se suma “el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la paralización del Programa Acompañar (de apoyo económico frente a las mujeres víctimas de violencia) y la interrupción de múltiples capacitaciones y acciones preventivas”. Ante esta situación, explicó, las provincias se vieron obligadas a reconfigurar prioridades y sostener los esfuerzos conjuntos. “Nos encontramos con la tarea de profundizar el trabajo en territorio con el objetivo de llegar a las 80 localidades de la provincia con nuestras acciones y programas. Es por ello que sostenemos iniciativas que fortalecen la autonomía como Empoderar, que brinda herramientas laborales a mujeres que atravesaron situaciones de violencia; o Creando Espacios, donde promovemos la resiliencia a través de la palabra y la escucha colectiva”. También explicó que se brindan talleres de oficios, capacitaciones en liderazgo, redes sociales y contabilidad. “Por otro lado, impulsamos la Red Pampeana de Mujeres y Diversidades Emprendedoras, con mentorías específicas para fortalecer proyectos autogestivos”.
En el discurso citado más arriba, Volker Türk afirmó que la violencia económica se manifiesta, por ejemplo, en “la restricción del acceso de las mujeres al dinero y los bienes, controlando sus gastos, acumulando deudas a su nombre” o “quitándoles su salario o pensión”.
El acceso a una jubilación también repercute en las denuncias. El estudio del Observatorio de La Pampa destaca que, en el grupo de 60 años o más, la mitad denunció o pidió ayuda, ya que “a esta edad muchas mujeres pueden sentirse más liberadas de dependencias económicas y emocionales, lo que facilita la decisión”.