El diputado nacional salteño Emiliano Estrada, del bloque de Unión por la Patria, es uno de los que empieza a sonar como posible candidato a senador nacional por el kirchnerismo en las próximas elecciones. Salta es una de las provincias que elige senadores en esta contienda electoral. Pero la postulación de Estrada empieza a generar controversias ya que el actual diputado es investigado judicialmente y gracias a los fueros viene evitando más complicaciones en la Justicia.
Estrada está acusado de crear una usina de noticias falsas junto a empleados del Congreso Nacional para desprestigiar a rivales políticos y empresarios.
Dos de sus ex asesores, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, fueron condenados por intimidación pública tras admitir su responsabilidad en la difusión de fake news. Incluso declararon que lo hacían por pedido del actual diputado. Estrada, protegido por sus fueros parlamentarios como legislador nacional, permanece fuera del alcance judicial.
Estrada es parte de Fuerza Patria, el conglomerado que une a parte del PJ y el kirchnerismo y que en la provincia cuenta con el apoyo de otros partidos como Kolina, Frente Grande, el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) e Igualar. A ese espacio se sumó Juan Manuel Urtubey, el ex gobernador que hace unos días anunció que iba a ser candidato a senador. Ambos dan batalla por esa candidatura en el cierre de listas que termina este domingo.
Aunque Estrada también busca quedarse con un lugar en el Senado o en su defecto volver a ser cabeza en diputados. Tiene el apoyo de los K y La Cámpora, la agrupación en la que se referencia.
La causa contra Estrada, que arrancó en la Justicia de Salta, pasó al fuero federal, lo que generó un conflicto de competencias entre los tribunales provinciales y nacionales. La investigación busca establecer si el diputado tuvo un papel directo en la organización de una campaña de difamación digital destinada a desprestigiar a rivales políticos y empresarios de Salta.
Según consta en la investigación judicial, la maniobra incluyó la creación de perfiles falsos en redes sociales y la difusión coordinada de contenidos engañosos, con el objetivo de influir en la opinión pública y proteger intereses políticos y personales.