Después de escuchar a los referentes de los bancos, los senadores de la comisión de Presupuesto quedaron en seguir debatiendo el proyecto de Créditos UVA – que viene con media sanción de Diputados- el miércoles que viene. El tema divide tanto al bloque oficialista como al de Juntos por el Cambio.
El problema de base es que este tipo de programa hipotecario se actualiza por inflación -que es altísima en el país- pero el incremento de los salarios no acompaña esa suba de precios. En el pasado hubo gente que directamente devolvió los créditos y hay tenedores que denuncian estar pagando cuotas de valores 15 veces superiores a cuando tomaron el préstamo y no pueden seguir haciéndolo. La norma en debate pretende solucionar la situación de alrededor de 100 mil deudores.
«Si bien celebramos que las deudas sean pequeñas, para las familias son un mundo. Ayer escuchamos a los tomadores de deuda y hay situaciones muy duras que tenemos que darle solución. El sistema creo que no está en riesgo de quebrar, son líneas de mucha rentabilidad. Y como Estado nosotros debemos apoyar a la parte que está en posición más débil. Tenemos que trabajar para una opción superadora», afirmó Ricardo Guerra, presidenta de la comisión, al cierre de la jornada, en la que los representantes de los bancos aseguraron que el porcentaje de morosidad es mínimo, y en algunos casos no llega ni al 1 %.
Sin embargo, el propio Guerra afirmó que «no es un tema simple». «La pregunta surge: ¿quién pone el dinero?»
La oficialista Juliana Di Tullio fue quien solicitó que tras escuchar a ambas partes, sean ahora los legisladores quienes busquen llegar a un acuerdo. En el Frente de Todos no están conformes con la norma tal como vino de Diputados, mientras que en Juntos, a pesar de que fue el radical Julio Cobos quien la impulsó, tampoco están todos en la misma sintonía.
Para los banqueros la morosidad es «mínima»
La mayoría de este tipo de créditos los otorgaron las bancas públicas: Nación, Provincia o Ciudad. Martín Di Bella, del Banco Nación, señaló que ellos registran una mora del 0,88%, equivalente a $650 millones. Y que las cuotas van de $ 62 mil a $ 185 mil la más alta.
Por su parte, Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, señaló: «Solo el 6,3 % solicitó extensión de plazos, como mecanismo de alivio. Las cuotas de los créditos son un 28% inferior al valor de los alquileres. Sería bueno que el fondo compensador compense, y no que sea un fondo pagador».
“Nos preocupan los créditos del presente y los del futuro. No se pueden dar créditos en pesos ni en dólares. Sólo nos queda dar créditos indexados que son muy poquitos por la inflación. Todo el mundo sabía que el crédito se iba a ajustar por inflación», aseguró Francisco Gismondi, gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).
Los deudores hablan de «estafas» promocionadas por el Estado
Sin embargo, el miércoles fue el turno de los deudores, que denunciaron situaciones límite.
“Me faltan 25 años de este crédito, saqué $ 2.900.000 y mi deuda llega a casi $ 40 millones. Las cuotas iniciaron en $ 17 mil en 2018 y ahora son de $250 mil», apuntó al borde del llanto
“Salí sorteada para obtener mi departamento del Procrear que era financiado a criterio UVA y era de $ 1,5 millones. Hoy tengo una deuda de 11 millones y medio”, apuntó en la misma línea Paola Gutiérrez.
Uno de los abogados señaló que “los bancos convirtieron una deuda de dinero en una deuda de valor, pero la gente no recibió dólares ni viviendas, recibió pesos”.
El proyecto en debate
El texto que llega con media sanción de Diputados establece que la cuota a abonar no puede superar el 30% de los ingresos de los deudores y que la cuota se determinará tomando como referencia el índice de variación salarial.
A su vez, crea un Fondo Fiduciario para cubrir los descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.
Establece que no se podrá extender la duración del crédito por más del 25% del plazo originalmente pactado.
Entre los beneficios se estipula que quienes paguen el impuesto a las Ganancias van a poder deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.