El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha una estrategia para acelerar la desnaturalización de 384 personas nacidas en el extranjero, utilizando abogados de 39 oficinas regionales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) identificó a 384 personas nacidas en el extranjero cuya ciudadanía estadounidense podría ser revocada, y puso en marcha una estrategia para avanzar con estos casos en tribunales federales. El organismo, bajo la administración de Donald Trump, busca acelerar los procesos de desnaturalización mediante el despliegue de abogados en oficinas regionales.
Altos funcionarios del DOJ informaron sobre la iniciativa durante una reunión celebrada la semana previa al 23 de abril. En ese encuentro, indicaron que abogados especializados en litigios civiles de 39 oficinas regionales recibirían la tarea de presentar demandas de privación de la nacionalidad, según informó The New York Times.
Francey Hakes, directora de la Oficina Ejecutiva de Fiscales de Estados Unidos, describió a las 384 personas como “la primera oleada de casos” que el gobierno pretende impulsar. También señaló que varias divisiones civiles de las fiscalías carecen de personal suficiente y enfrentan dificultades por una avalancha de demandas de migrantes.
La portavoz de la presidencia, Abigail Jackson, respondió que “no es una iniciativa” del gobierno de Trump, sino que “es una ley federal”. Un portavoz del DOJ confirmó la información y señaló que el organismo está “enfocado en erradicar a extranjeros criminales que hayan defraudado el proceso de naturalización”.
La legislación federal permite solicitar la revocación de la ciudadanía si fue obtenida de manera fraudulenta, incluyendo matrimonios simulados, ocultamiento de información o comisión de delitos. El gobierno debe presentar pruebas ante un juez federal, y la carga de la prueba exige evidencia “clara, convincente e inequívoca”.
Entre 1990 y 2017, el gobierno presentó 305 casos de desnaturalización. Entre 2017 y finales de 2025, intentó retirar la ciudadanía a poco más de 120 personas naturalizadas. En los últimos meses, se presentaron casos contra un marino de Ghana, un argentino que afirmó falsamente ser cubano y un nigeriano condenado por fraude fiscal.
Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia, afirmó que la medida envía el mensaje de que los ciudadanos naturalizados “no tienen los mismos derechos ni la misma estabilidad que los ciudadanos” nacidos en el país.