Funcionarios del Gobierno y rectores del Consejo Interuniversitario prevén reunirse esta semana para acercar posiciones. El diálogo busca una solución antes de que la Corte Suprema se pronuncie sobre la causa judicial.
El conflicto por la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y que el Gobierno no cumple por falta de fondos según su argumento, es objeto de una negociación política entre funcionarios nacionales y rectores. Fuentes oficiales indicaron a LA NACION que existe buena predisposición para llegar a un arreglo.
Ambas partes planean reunirse esta semana, con posible convocatoria para el miércoles o jueves, en busca de un acuerdo en el corto plazo. Las conversaciones son lideradas por rectores del Consejo Interuniversitario (CIN) y funcionarios del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Interviene Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, responsable del presupuesto universitario. También están al tanto el ministro del Interior, Diego Santilli, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sigue las tratativas. Del lado universitario, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, lleva la voz cantante.
Fuentes universitarias y legislativas confirmaron las conversaciones. “Hay conversaciones, no está cerrado el acuerdo, pero hay buena predisposición para encontrar un camino de solución”, dijo una fuente. Otra voz coincidió: “Cerrado no hay nada, pero sí está encaminado”.
Existen diferencias sustanciales entre la suma pretendida por los rectores y lo que el Gobierno está dispuesto a aprobar. “Están buscando una diagonal para llegar a un acuerdo; hay voluntad de diálogo”, sostuvo una fuente oficial, que apuntó a cerrar el asunto hacia el fin de semana.
La ley de financiamiento universitario, aprobada en agosto de 2024, fue vetada por el Gobierno, pero el Congreso insistió y evitó el veto, dejando la norma en vigor. El Poder Ejecutivo decretó que no puede cumplirla por falta de presupuesto. Las universidades recurrieron a la Justicia, que les dio la razón en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno presentó un recurso extraordinario aceptado por la Corte Suprema, que tiene la causa. Antes, la Corte rechazó un per saltum.
El conflicto se tradujo la semana pasada en medidas de fuerza docentes y tomas de colegios secundarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini. Las tomas, ahora suspendidas, coincidieron con clases públicas frente a la Corte Suprema.
En conversaciones previas, el Gobierno ofreció transferir fondos para recuperar la pérdida salarial de los docentes durante 2025, no desde 2023 como ordena la ley. Ese ofrecimiento no prosperó por el rechazo de rectores y gremios.
El 12 de mayo pasado, unas 120.000 personas participaron en la cuarta Marcha Federal Universitaria, con epicentro en Plaza de Mayo, para exigir el cumplimiento de la ley. Reclamaban actualización salarial de docentes y no docentes, que perdieron cerca del 35% de su poder adquisitivo desde 2023. También pidieron recomposición de becas estudiantiles y fondos para funcionamiento. Las transferencias a las universidades registraron una caída real acumulada del 45,6% desde 2023, según organizaciones.