Las derivaciones del controversial fallo que dejó en libertad a Julio “Chocolate” Rigau y casi sepultó la investigación por la estafa con las tarjetas de la Legislatura bonaerense replicaban este viernes en los despachos del fuero penal de La Plata. “Hay mucho enojo. Nos enchastra a todos. Fue demasiado evidente la presión política que se ejerció todos estos días”, reconoció un magistrado que ocupa desde hace años un despacho en 8, entre 56 y 57 donde están los Tribunales platenses.
Hay un entramado tejido desde hace años que enlaza el poder político, situado a cinco cuadras (en el parlamento y la Gobernación) con los escritorios donde se definen los casos judiciales con impacto que se tramitan en La Plata.
En estas horas turbulentas los funcionarios del palacio diferían en las variantes que podría tomar la ahora “congelada” causa por la estafa millonaria de Rigau. Las opciones dependen del contenido del recurso que presentará el fiscal Héctor Vogliolo y el destino que ese escrito tenga en alguna de las cuatro salas del Tribunal de Casasción.
Pero persistía en el ámbito penal una certeza: la operación política para torcer el destino del caso que podría revelar un armazón de corrupción política tuvo un actor fundamental. Raúl Pérez, ex presidente del bloque del PJ en diputados hace más de una década. Constructor de un andamio de relaciones desde finales del Siglo pasado, cuando el peronismo era dominio exclusivo del ahora ministro de Justicia, Julio Alak.
Raúl Pérez se alejó del PJ “oficial” en 2012 cuando el entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, preparaba el salto para competir contra el kirchenirsmo. Fue quien armó la campaña presidencial del Frente Renovador en 2015 y ese año ingresó al Congreso nacional como diputado.
En 2019 ocupó un lugar de asesor principal cuando el actual ministro de Economía accedió a la presidencia del cuerpo. Y ahora integra el Consejo del ente Binacional de Yaciretá.y se encarga del «armado» del candidato en el Norte del país.
Pero mantiene los contactos estrechos en su “comarca”, La Plata. Aunque llegó a la capital bonaerense desde el interior provincial (la ciudad de Benito Juárez) construyó una férrea estructura de vínculos de poder que aún se mantienen.
“Entre 2005 y 2011, todos los acuerdos para acceder a la Justicia en La Plata se negociabann en una mesa que integraban Pérez, Alak, Juan Amondarain y Carlos Bonicatto”. Fue la fecha en que consiguió acceder a juez de la Cámara de Apelaciones, Alejandro Villordo.
Este camarista facilitó con su voto de adhesión, la mayoría que permitió la salida de Chocolate. Y habría sido permisivo a los reclamos de los llamados de Pérez, según coinciden por lo menos tres fuentes (jueces y ex funcionarios) consultados por este diario.
La argumentación estuvo a cargo de Juan Benavides, colega en la Sala III de ese tribunal. Un “académico”, de reciente ascenso a ese cargo clave del andamiaje judicial. Fue quien sostuvo que no resultaría una colisión con el Código Penal, la maniobra de extraer dinero de 48 tarjetas de débito y colocarlo en una bolsa de naylon negra. Por eso la policía no debió detenerlos.
Axel Kicillof presentó la terna para su designación en 2021, con Alak en el ministerio de Justicia. “El tambien tiene los teléfonos de todos y habla con todos. Algunos ceden a los pedidos. Otros los dejan pasar. Y otro grupo directamente se abstiene de atender esos llamados que queman”, contó un abogado del fuero.
Alak habría recibido también una intimación para que “resuelva el escándalo de alguna manera”.
Rérez y Alak, ligados desde hace más de 20 años en la política platense, habrían encontrado la forma de torcer el rumbo de la investigación hacia un camino sin salida.
El ministro y candidato a intendente tiene en su lista al concejal Facundo Albini último refernte conocido de Rigau. Y Pérez también tendría abultados intereses en que el caso se apague. Uno podría vincularse con la necesidad de no salpicar a Massa. Otro podría ser mantener una estructura que después de alejarse de la capital bonaerense, todavía tendría anclaje en ese esquema de recaudación de las “cajas negras” de la política.