El mencionado decreto, que lleva el número 502, fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y designa a Figueroa por cinco años más en la Cámara Federal de Casación, luego de que el Senado aprobara la semana pasada su continuidad en el cargo tras haber cumplido 75 años, que es el límite fijado por la Constitución para la jubilación de los magistrados si no cuentan con el acuerdo de la Cámara alta.
El Presidente firmó el nombramiento junto con la designación de otros magistrados cuyos acuerdos también fueron otorgados por el Senado la semana pasada.
El texto del decreto que designa a Figueroa tiene un sólo artículo por el cual se nombra por «el término de cinco años, a partir del 9 de agosto de 2023, como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa, quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el decreto 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el decreto 143 del 4 de febrero de 2013″.
Si bien el tema de la camarista no figura en el temario, se prevé que sea analizado este miércoles y la pulseada en el Consejo estará en si corresponde o no convocar al concurso para cubrir el cargo de Figueroa con una oposición empujando el reemplazo y un oficialismo resistiéndolo, en ambos casos con argumentos.
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El tono del debate lo fijó de algún modo la consejera abogada y exfuncionaria macrista Jimena de la Torre, cuando a principios del mes pasado, invocando un pedido del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, le solicitó a la Comisión de Selección que convocará de manera «urgente» al concurso por la vacante de Figueroa.
Ese trámite es el que se espera será objetado en el fuero Contencioso Administrativo y luego, por la vía de la apelación, terminará en la Corte Suprema.
En el alto tribunal sostienen que el tema Figueroa es un «asunto concluido» tras la decisión de desvincularla del 6 de septiembre y que no parecen haber nuevos elementos que cambien aquella decisión.
En donde más aguardan la publicación del decreto es en la misma Cámara Federal de Casación para resolver cómo encarar el nuevo escenario que se abre, en el marco del cual podría debatir el tema en un plenario esta semana o la próxima.
Una vez que el decreto se publique, el actual presidente del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky definirá los pasos a seguir, explicaron a Télam fuentes judiciales.
Una de las posibilidades es analizar la situación en un plenario de todos los integrantes de Casación la semana próxima, pero tampoco se descartaba ir en consulta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.