La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto del Gobierno para pagar 171 millones de dólares a dos fondos buitre. La iniciativa obtuvo 40 votos afirmativos y 22 negativos.
La Cámara de Senadores aprobó este jueves 4 el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para avanzar con un acuerdo de conciliación con dos de los últimos fondos buitre que mantenían litigios abiertos contra la Argentina por la deuda en default de 2001. La iniciativa obtuvo 40 votos afirmativos y 22 negativos y ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el entendimiento alcanzado ante la Justicia de Estados Unidos.
El acuerdo contempla el pago de 171 millones de dólares a los acreedores remanentes que no ingresaron a los canjes de deuda realizados tras la crisis de 2001. Según lo negociado, el Estado argentino abonará 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares a Attestor Value Master Fund LP., dos de los holdouts que mantenían reclamos activos contra el país.
Desde el oficialismo destacaron que el convenio incluye una quita cercana al 30% sobre los montos reclamados originalmente y permitirá cerrar dos de los litigios más relevantes que seguían abiertos en tribunales estadounidenses.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el oficialismo es que la aprobación legislativa permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución y los embargos que pesaban sobre activos soberanos argentinos, entre ellos acciones de empresas estratégicas como Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, sostuvo que el acuerdo representa una oportunidad para la “reinserción internacional de la Argentina” y para abandonar la condición de país moroso ante los mercados. “Attestor y Bainbridge se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en operaciones de financiamiento de la Argentina. Extingue los dos principales litigios pendientes”, explicó durante el debate. Además, defendió la iniciativa al señalar que se trata de una suma “insignificante” respecto del volumen total de la deuda pública y que permitirá resolver conflictos que se arrastran desde hace más de tres décadas. “Honrar la deuda es también una restauración moral que se la debemos al país”, afirmó el economista, quien cuestionó las políticas que en el pasado celebraron el default o la pesificación de depósitos.
Desde el bloque Justicialista, el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich ratificó el rechazo del peronismo y sostuvo que el mecanismo aprobado “premia las conductas de los fondos buitre”. El senador argumentó que no existe suficiente claridad respecto de la quita obtenida por el Estado y cuestionó la falta de parámetros verificables para comparar el acuerdo con otros procesos de reestructuración de deuda. También advirtió que la iniciativa entra en tensión con los principios aprobados en 2015 por la Asamblea General de la ONU para regular las reestructuraciones de deuda soberana, una resolución impulsada por la propia Argentina para limitar el accionar especulativo de los holdouts. Capitanich además señaló que la documentación remitida al Congreso era “incompleta” y consideró que el acuerdo constituye apenas un cierre parcial de una negociación más amplia.
En la misma línea, el jefe del bloque peronista, José Mayans, adelantó el voto negativo de su bancada y aseguró: “No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda y del desastre que están haciendo con la economía argentina”.
La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y afirmó que permitirá “cerrar una herida que tiene 25 años”, originada tras el histórico default declarado por la Argentina en 2001. Durante su intervención realizó un repaso de la evolución de la deuda pública y cuestionó la idea de que durante los gobiernos kirchneristas se hubiera producido un verdadero desendeudamiento. “Hubo maquillaje contable. Y los litigios siguieron”, sostuvo. Bullrich destacó además que el acuerdo contempla una quita de entre el 30% y el 35%, que los costos judiciales serán afrontados por los propios acreedores y que se levantarán las órdenes de embargo sobre acciones de YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Según la senadora, otro aspecto central es que los acreedores se comprometieron a no intervenir en futuras emisiones de deuda argentina, lo que contribuiría a mejorar la reputación financiera del país y reducir el Riesgo País.
El convenio establece que el desembolso se realizará mediante el sistema internacional Entrega contra Pago (DVP), un mecanismo que garantiza que los fondos se transfieran simultáneamente con la cancelación de los títulos involucrados en la disputa. Además, los holdouts deberán hacerse cargo de los costos legales del litigio, mientras que una cláusula de standstill les impide iniciar nuevas demandas o interferir en futuras operaciones financieras argentinas hasta la conclusión definitiva del proceso.
La aprobación definitiva resulta clave para la estrategia del Gobierno, ya que la Justicia estadounidense había fijado originalmente el 30 de abril como fecha límite para validar el acuerdo, aunque posteriormente concedió una prórroga hasta el 30 de junio para que el Congreso argentino complete el trámite legislativo.