Después de que el Gobierno ganara tiempo valioso en Diputados, tras rechazar un artículo clave que le permite seguir gobernando por decreto como hasta ahora, el proyecto de reforma de Ley de DNU regresó al Senado de la Nación, que será escenario de una disputa importante. La Cámara Alta tiene ahora que tomar la decisión de si insistirá o no con reformar ese régimen que permite al presidente esquivar el debate parlamentario y gobernar solo con su lapicera. Pero en las últimas horas el debate tuvo un giro inesperado que favorece la voluntad de Milei: el bloque de Unión por la Patria, que antes había votado el texto original, ahora cambió el libreto y abrió la puerta a una versión más “light” de la reforma.
Durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que se realizó este martes por la tarde, la mayoría insistió en ratificar el proyecto original que contempla un plazo máximo de 90 días para que el Poder Legislativo pueda debatir cualquier DNU (o de lo contrario quedará sin validez) y que el rechazo de solo una de las cámaras sea suficiente para derogarlos. El plazo de 90 días, contemplado en el artículo 3 del proyecto, fue rechazado por Diputados ya que faltaron dos votos para conseguir su aprobación.
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Sin embargo, los representantes de Unión por la Patria que integran la comisión firmaron en disidencia y no acompañaron la propuesta: un cambio de postura que llama la atención ya que el 4 de septiembre todos habían acompañado la media sanción del proyecto sin objeciones. En ese momento la senadora Florencia López tomó la palabra y señaló: “Insistir en el texto original sin escuchar a Diputados puede derivar en una ley poco duradera, ya que seguramente sería vetada por el Presidente y en la Cámara baja sería difícil conseguir los votos necesarios. Por eso, firmaremos el dictamen en disidencia para realizar un debate más profundo y continuar con la discusión, con el objetivo de que esta ley tenga una sanción definitiva a corto plazo.”
Un argumento flojo de papeles, ya que con la nueva conformación que tendrá el Cogreso después del 10 de diciembre el Gobierno tendrá el tercio necesario en Diputados para poder sostener los vetos. Con ese mismo criterio, ningún proyecto que vaya en la línea de modificar la Ley de los DNU podría prosperar ya que Milei dejó en claro que para el constituye “un intento de cambiar las reglas de juego con el partido empezado”.
¿Un guiño al Gobierno?
La ley actual, sancionada en 2006 bajo impulso de Cristina Kirchner, habilita que un DNU firmado por el presidente entre en vigor y siga vigente salvo que ambas cámaras lo rechacen. Es una herramienta a medida del Ejecutivo, que todos los gobiernos han usado y abusado. El de Milei batió récords en autoritarismo y ajuste con el nefasto DNU 70/2023.
La reforma en debate busca cortar con este cheque en blanco: propone que los DNU solo duren si ambos cuerpos del Congreso los validan en 90 días. Si no, caen. Además, si una sola cámara lo rechaza, el DNU se anula. Nada de mezclar temas: cada decreto debe tratar un solo asunto, para evitar paquetes ómnibus que arrasan con derechos y regulaciones de todo tipo.
Pero el peronismo, que hizo campaña con sus candidatos asegurando que lo primero que harían sería poner sus votos a disposición de derogar el DNU 70/2023 ahora parece haber cambiado de opinión. Del discurso de barricada al intento de dialogar con quienes sostienen uno de los pilares del programa de Milei y su motosierra, camuflado en argumentos técnicos y en la supuesta búsqueda de consensos mayores para que prospere y no sea vetado por el Ejecutivo.
“Se hace necesario aprobar tal cual lo hemos aprobado en el Senado” señaló Eduardo Vischi, jefe de bloque de la UCR en el Senado. Y remarcó que para él no es cierto que el presidente pueda vetar el texto definitivo: “El ejecutivo no tendría las facultades. Si lo hace se puede general una controversia, un conflicto de poderes, que terminaría dirimiendo la Corte Suprema”.
Precisamente la Corte Suprema, que viene dando varias señales favorables al Gobierno y hoy solo cuenta con tres miembros, es uno de los temas en agenda y la designación de sus integrantes (así como de muchos otros jueces que faltan designar) deben contar con la aprobación de los dos tercios de los miembros del Senado. Algo que sería imposible si no existiese un acuerdo entre el bloque de Unión por la Patria y el oficialismo, motivo que agrega más ruido y muchas especulaciones al sorprendente cambio de posicionamiento que se vio este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales.