El juez federal de Rosario Gastón Salmain, designado en 2023, es investigado por el Consejo de la Magistratura por haber omitido incluir entre sus antecedentes que fue dejado cesante de la justicia federal en 2002 por haber tentado a una “empleada a violar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social” para desviar causas de ejecuciones penales cuando trabajaba en el juzgado 8 de ese fuero. La denuncia la impulsó el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, oriundo de Santa Fe y quien conoce de primera mano la justicia de esa provincia.
En rigor, Rosatti remitió al Consejo una presentación, a la que accedió PERFIL, de los jueces de la Cámara Electoral Daniel Bejas (presidente), Alberto Dalla Vía (vicepresidente) y Santiago Corcuera en la que solicitan se les informe “cualquier actuación o trámite pendiente que involucre” a Salmain. “Ello en virtud de que dicho juez federal se encuentra actualmente subrogando la competencia electoral del juzgado federal 1 de Santa Fe”, explicaron.
Fuentes del Consejo de la Magistratura señalaron a PERFIL que quien instruye la causa contra Salmain es la consejera María Alejandra Provítola, representante de los jueces. A Salmain lo pueden sancionar o abrirle juicio político. Otra medida que pueden tomar los consejeros es citarlo, por el artículo 20 del Reglamento, a comparecer ante el Consejo.
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En el expediente del año 2002, Salmain fue procesado por falsedad documental, junto a una abogada, y les otorgaron una probation. Luego, fueron sobreseídos por el juez Rodolfo Canicoba Corral.
El Gobierno aceptó la renuncia del juez Bailaque, acusado de extorsión y vínculos con el narcotráfico
El pedido de los jueces de la Cámara Electoral es porque Salmain estaba subrogando el juzgado federal 1 de Santa Fe tras la renuncia y detención del exjuez federal Marcelo Bailaque, acusado de favorecer a uno de los principales narcos de Rosario y extorsionar a un empresario. Por ahora, la Cámara Electoral designó al juez Aurelio Cuello Murúa, magistrado federal en Venado Tuerto, para que cumpla esa tarea. La Corte hoy está integrada por otro santafecino, Ricardo Lorenzetti, oriundo de Rafaela, ciudad industrial de esa provincia.
La denuncia que investiga el Consejo, que pide los antecedentes de Salmain, puntualiza que el juez federal se inscribió a lo largo de los años en más de 30 concursos para cargos en el Poder Judicial. Si bien su designación al frente del juzgado federal 1 de Rosario fue en 2023, la terna que integró fue remitida al Poder Ejecutivo en 2018. Durante el gobierno de Alberto Fernández obtuvo el acuerdo del Senado.
Posible forum shopping
Ahora, Salmain está señalado por favorecer a estudios de abogados con el pago de multimillonarios reclamos contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias. Llamó la atención que su juzgado tiene el mayor volumen de causas previsionales del país con oficios que ordenan pagos millonarios, impulsados por pocos estudios jurídicos que recusaron sin causa a la jueza federal 2 Sylvia Aramberri, quien se jubiló hace algunos meses, para que sus demandas terminaran en el juzgado a cargo de Salmain.
Se investiga si se incurrió en fórum shopping, una práctica donde una parte (en general la demandante) elige el tribunal o jurisdicción que considera más favorable para sus intereses, en lugar de presentar la demanda en el lugar que correspondería según la competencia, manipulando sorteos, entre otras posibilidades.
Objeciones de la Cámara Federal de Rosario
La Cámara Federal de Rosario intervino en al menos tres causas sobre el accionar de Salmain: en febrero, le impidió que tuviera competencia de dos causas penales que involucran a un alto directivo de la ex AFIP, Carlos Vaudagna, en la causa por la que terminó renunciando el ex juez Bailaque. Ese mismo mes, el juez fue cuestionado por sus superiores de la Cámara luego que autorizara a continuar las obras de un barrio privado en la ciudad Funes. El gobierno había ordenado paralizar las obras por la falta de certificaciones hídricas y de impacto ambiental requeridas. Por último, la Cámara anuló un fallo con el que el juez había aceptado un amparo contra el cepo cambiario y ordenaba al Banco Central que le entregara US$ 10 millones al precio oficial a un grupo empresario rosarino que al mismo momento estaba siendo investigado por supuesto lavado de dinero.
En Santa Fe rige desde el año pasado el sistema acusatorio, que, entre otros cambios en la Justicia, da mayor poder a los fiscales para las investigaciones.
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