A la espera del sorteo de los jueces que integrarán el tribunal que deberá realizar el juicio de los casos Hotesur y Los Sauces, el fiscal Diego Velasco solicitará que se concluyan dos pericias determinantes sobre las empresas de la familia Kirchner señaladas como vehículo s para operaciones de lavado.
El representante del Ministerio Público Fiscal cuenta con el informe parcial del análisis realizado sobre la inmobiliaria, que tuvo dos clientes exclusivos: Lázaro Báez y Cristóbal López (representaban el 86% de la facturación). Inconsistencias contables, documentación faltante, dudoso origen de los fondos, son algunas de las observaciones volcadas por los peritos.
Cristina y Máximo Kirchner deberán enfrentar un juicio oral para explicar frente a un Tribunal los negocios que realizaban a través de Hotesur (su firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria). Durante la etapa de instrucción lo que se sostuvo es que las compañías se utilizaron como “pantallas” para concretar operaciones de blanqueo de activos.
Este lunes, la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, revocó el sobreseimiento que dos magistrados del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) habían dictado y ordenó la reapertura del expediente: la vicepresidenta, su hijo, y una veintena de imputados, deberán defenderse en audiencias orales.
Cuando en 2021 se firmó el sobreseimiento que fue anulado esta semana, se estaban realizando dos pericias sobre los movimientos financieros de las cuestionadas empresas.
Ahora el fiscal Velasco no sólo solicitará que esos informes contables se concluyan, sino que requerirá incorporar otra serie de medidas de prueba: las comunicaciones entre Báez y la vice y su entorno detectadas por el fiscal Guillermo Marijuan en la Ruta del Dinero K, y también las comunicaciones del celular de José López que dio a conocer el fiscal Diego Luciani durante el juicio de Vialidad.
A la fiscalía había ingresado un informe parcial sobre la inmobiliaria Los Sauces, que daba cuenta de lo inexplicable de algunas operaciones respecto de la documentación que debe respaldarlas. Algunas consideraciones del informe, al que accedió Clarín, muestran cómo por ejemplo respecto a algunas propiedades no se puede dar cuenta del origen de los fondo utilizados para su compra.
La inmobiliaria de la familia Kirchner fue dueña de nueve propiedades. Nunca comercializó otros inmuebles. Hasta 2015, Lázaro Báez y Cristóbal López aportaron el principal ingreso de la firma: en concepto de alquileres -muchos de los cuales para la justicia eran «ficticios»- pagaron un total de 25,6 millones de pesos.
Faltante de documentación
Los peritos intervinientes en el trabajo sobre los papeles de Los Sauces fueron siete: uno oficial, Abel Brito; tres por la fiscalía -Aida Konig, Nicolás Scher y Magdalena Rúa-, y otros tres de parte, Sergio Freidzon, Bibiana Paletta, José Luis Ganenceiran.
En las conclusiones parciales -recordemos que el peritaje se suspendió tras la firma del sobreseimiento. los especialistas señalaron que “el alcance de las tareas ejecutadas se ha visto limitado”, por la falta de documentación completa de la inmobiliaria.
Origen de los fondos
La compra de los inmuebles que alquilaron Cristóbal López y Lázaro Báez, como otros que son ocupados por la familia Kirchner, fue un punto central en el informe pericial. La pregunta era si Los Sauces tenía los fondos suficientes para adquirir esas propiedades que se fueron incorporando a su patrimonio.
A la hostería La Aldea de El Chaltén -que administró Báez hasta 2013- se le asignó un valor de 108,4 millones pesos y según la pericia, se pagó sólo 200.000 pesos por ella. Para ese entonces, Los Sauces tenía en el banco 42.073 pesos. “La empresa se apalancó financieramente a través del endeudamiento con una entidad bancaria, ya que la sociedad no disponía de recursos propios (generados por su actividad comercial), como así tampoco aportes irrevocables o préstamos de los socios de sus firmas”.
Respecto de los departamentos de Puerto Madero, que alquiló López, el perito oficial y peritos del Ministerio Público Fiscal consideraron que “Los Sauces no contaba con los fondos suficientes para cancelar los anticipos”, y que el origen de los fondos “está registrado con más de un mes de posterioridad a través de aportes irrevocables en efectivo realizados por Cristina y Néstor Kirchner a la sociedad”.
Con un criterio diferente, los peritos de parte indicaron que el aporte estuvo bien registrado y con ese dinero se hizo frente al pago del primer anticipo.
El terreno baldío ubicado en Río Gallegos, sobre el cual los Kirchner nunca decidieron construir, está valuado en 312.500 dólares y también fue analizado por los peritos. En el informe parcial se consignó que “quedó documentada la compraventa del inmueble por un importe de 97.000 dólares y a su vez aprobada por el Acta de directorio Nº 12”, pero “no se puede determinar el origen de los fondos para tal operación inmobiliaria, ya que de la lectura del Libro Diario Nº 1 de Los Sauces S.A., no se visualizó registro contable alguno relacionado con la compra de este inmueble”.
Respecto a los dos complejos de departamentos que construyó y después alquiló Báez, se explicó que en parte Los Sauces contaba con fondos por dinero transferido por Hotesur, y a su vez se financiaron con aportes irrevocables que hizo Néstor Kirchner. Este último mecanismo también posibilitó la compra del terreno de la inmobiliaria que se encuentra en El Calafate.
Registración del dinero
Uno de los puntos de la pericia debía responder si el tratamiento, procedimiento y registración de los fondos utilizados para la propiedad de la calle Mascarello en Río Gallegos, había cumplido con los requisitos legales. Esa casa es la que utiliza Cristina Kirchner cada vez que descansa en Río Gallegos. Tiene 892,8 metros cuadrados, y según el Tribunal de Tasación de la Nación su valor es de 570.000 dólares, más del doble de los 250.000 que declaró haber pagado Los Sauces.
Cuando este chalet fue vendido a la inmobiliaria de los Kirchner, la operación se realizó -consta en la pericia- por 200.000 pesos. “En cuanto a las fechas, según el boleto, la entrega del dinero se efectuó en algún momento previo a su firma de fecha 14/08/2009” y se registró en el ejercicio económico del 01/04/2010 al 31/03/2011.
Al analizar los movimiento alrededor de esta propiedad, los especialistas dijeron: “El tratamiento de la registración contable refleja una inconsistencia temporal entre la compulsa realizada sobre el boleto de compra del mencionado inmueble y lo registrado en el libro Diario”. El pago de este inmueble se hizo en diez cuotas de 25.000 dólares y una final de 10.417 dólares.
Los pagos de Lázaro a Cristina
Cuando los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg sobreseyeron a Cristina Kirchner y a los demás involucrados en las maniobras de blanqueo, indicaron que el dinero aplicado a las operaciones investigadas no eran “fondos negros”, ya que “estaba bancarizado”. El fiscal ante la Casación, Mario Villar -quien avaló la apelación de su par Velasco- explicó que el argumento del tribunal era «equivalente a decir que, si alguien realiza una estafa, no hay lavado si el pago de la estafa se hizo en la cuenta bancaria del autor del delito».
En el marco del informe pericial y a pedido de Lázaro Báez, se analizaron los pagos que sus empresas pagaron a la familia Kirchner.
Un dato: esas mismas compañías fueron las que construyeron los complejos de departamentos que después alquilaron. La facturación fue de unos 7 millones de pesos. Dicha suma fue abonada con cuatro de sus empresas: Valle Mitre ( $ 2.836.724), Kank & Costilla ( $1.999.431), Loscalzos y Del Curto ( $1.691.580) y Austral Construcciones ( $ 323.915). Así, el Grupo Austral, de Báez, representó el 23,33% de lo cobrado por Los Sauces desde 2009 a 2015.
Valle Mitre SRL, inquilina de Los Sauces, en simultáneo explotaba otra firma de los Kirchner, Hotesur dueña del hotel Alto Calafate entre otros establecimientos. Entre 2009 y julio de 2013 Báez pagó 27.592.110 pesos. La cifra es importante, pero más la proporción que guarda en el total de los ingresos de la empresa familiar. El 54% de los ingresos de Alto Calafate provino del Grupo Austral.
Cuando los peritos analizaron los alquileres con la inmobiliaria, aclararon que “la documentación incorporada resultó insuficiente para dar respuesta acabada al punto pericial”.
Según ellos, el alcance de las tareas se vio limitado por no contar con “la mayoría de los contratos de locación celebrados entre Los Sauces y sus clientes, como tampoco con la totalidad de las facturas emitidas por la Sociedad. La mencionada ausencia de documentación impidió informar, en algunos casos, la causa que diera origen a la facturación detallada”.
Poca claridad contable
En el avance del trabajo periciales se señaló que otra falencia en la contabilidad de Los Sauces: es “la existencia de asientos globales mensuales de los movimientos bancarios en el Libro Diario N° 1 de la Sociedad, circunstancia que no permitió asociar en muchos casos, en forma directa, cada acreditación bancaria con la correspondiente registración contable de la cobranza”. Además, no se contó “con la totalidad de las órdenes de pago emitidas por los clientes de Los Sauces a la mencionada sociedad”
Sólo se pudieron “vincular algunas de las acreditaciones con las facturas emitidas a Los Sauces” por parte de empresas de Lázaro Báez, con la siguiente salvedad: “en las cuentas bancarias (de la inmobiliaria) se detectaron varias acreditaciones originadas en pagos efectuados por Valle Mitre, que no pudieron ser vinculadas con cada una de las facturas que cancelaban”. Los mismo ocurrió con otras dos empresas de Báez: Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
El otro inquilino: Cristóbal López
Estas irregularidades se replicaron también para los alquileres que abonaba Cristóbal López, dueño del Grupo Indalo. En su caso, realizó contratos con firmas del Grupo: la empresa Inversora M & S (de la que era empleada Romina Mercado, sobrina de Cristina y ex directora de Los Sauces) aportó el 47,33% de la facturación y pagó 13.896.672 pesos.
Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa sólo están acusados por las maniobras en con la inmobiliaria Los Sauces, porque no eran inquilinos de Hotesur.
Los peritos dejaron constancia de que “se verificaron acreditaciones correspondientes a la firma Inversora M&S que no pudieron ser asociadas con la factura que cancelaban”. En otros casos, hubo importes “que no pudieron detectarse en el extracto bancario”. Otros pagos que no se pudieron vincular con “ninguna factura”.
Alcalis de la Patagonia, otra firma de López, representó el 15,86% de los cobros realizados por la inmobiliaria, por un total de 4.660.000 pesos. En total, las empresas del Grupo Indalo pagaron esos años 18,6 millones de pesos a la ex Presidenta en concepto de alquileres.
Los peritos también señalaron que “se verifican acreditaciones correspondientes a Alcalis de la Patagonia que no pudieron ser asociadas con la factura que cancelaban.