El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, asegura que los temas de seguridad, defensa e inteligencia nacional los maneja la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se ocupará de esos ministerios y de la Agencia Federal de Inteligencia en un futuro gobierno libertario, en caso de ganar las próximas elecciones generales.
Por eso, surgió un intenso debate en torno a qué piensa realmente la diputada Villarruel sobre la última dictadura militar y los crímenes del terrorismo de Estado, por los que fueron condenados 1.182 represores desde el año 1985 por delitos de lesa humanidad, en 325 juicios -todavía hay 17 juicios en proceso-, de los cuales el más emblemático fue el Juicio a las Juntas, que condenó a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti.
Es que Villarruel creó y preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), espacio desde donde dio numerosas charlas en estos años. Además, la actual diputada y candidata a la vicepresidencia proviene de familia militar.
Clarín encontró una entrevista en profundidad sobre esta temática, realizada por el diario La Nación en el año 2010, donde Villarruel se negó a condenar los crímenes de la dictadura militar y a respaldar los juicios contra los represores.
“La expresión terrorismo de Estado no solo es desafortunada, sino también confusa”, dijo la abogada Villarruel, respecto a los crímenes cometidos por la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983, en una extensa entrevista con el diario La Nación, el 25 de abril de 2010, como fundadora y presidenta del CELTyV.
El periodista le hizo allí varias preguntas sobre la dictadura militar, el terrorismo de Estado, la desaparición de personas y la apropiación de bebés, pero Villarruel no condenó ni cuestionó ninguna de esas metodologías, a las que no les dio entidad luego de 25 años de juicios y condenas a sus responsables.
Sus respuestas, en ese entonces, estaban todas enfocadas en las víctimas de las organizaciones guerrilleras, a las que calificaba de «víctimas inocentes», en contraposición a las víctimas de la dictadura militar, sin reconocer nada de todo lo que se demostró en los juicios contra los represores de la dictadura militar.
Allí también sostuvo que “si entendemos que el terrorismo de Estado es la violación masiva de derechos humanos, como algunos han intentado definirlo, puedo garantizar que el gobierno actual queda perfectamente encuadrado en esta definición, porque el Estado hoy está violando masivamente los derechos humanos de las víctimas del terrorismo”.
Es decir, que Villarruel consideraba que había más terrorismo de Estado en el gobierno de Cristina Kirchner, en 2010, que bajo la dictadura militar entre 1976 y 1983.
Este concepto sobre lo que ocurrió en la Argentina cambia los acuerdos que hubo entre la sociedad y los principales partidos políticos, basados en el rechazo a la violencia y la aplicación de políticas de memoria, verdad y justicia para los crímenes de la dictadura militar.
Se trata de una línea discursiva que Villarruel dejó de expresar en público en los últimos años, por las polémicas que eso generaba.
Pese a ello, la semana pasada la candidata a vicepresidenta se quejó de que “a Javier Milei y a mí se nos cuestiona y se nos cuelgan motes de lo más despectivos. Estoy acostumbrada a tolerar la crítica aún cuando la crítica es sumamente injusta con mi persona. Por ejemplo, a mi se me cuelga el mote de negacionista, de defensora de genocidas. No soy ni fui nunca abogada de ningún uniformado acusado de delitos de lesa humanidad. He defendido a víctimas del terrorismo. Y sin embargo, se me cuelga esa galleta constantemente”, aseguró Villarruel, en diálogo con el periodista José Del Río, en la cadena de noticias La Nación+.
Sin embargo, el negacionismo de Victoria Villarruel sobre los crímenes del terrorismo de Estado de la dictadura militar quedó de manifiesto en la extensa entrevista sobre ese tema que ella dio en 2010, que no está firmada por ningún periodista de La Nación y que se realizó cinco días después de la presentación del libro de Villarruel “Los llaman… ‘jóvenes idealistas’”, sobre los atentados y crímenes de las guerrillas -en 2019 presentó la tercera edición del libro, corregida y ampliada-.
Algunas partes de la entrevista de 2010
En esa entrevista con el diario La Nación, Villarruel aseguraba que “el Estado, desde 1983 hasta hoy, protege expresamente a este sector (la guerrilla). Hay ciudadanos que quedaron parapléjicos o ciegos o sin padres, viviendo en la pobreza, y ahora vemos a los responsables libres, incluso a algunos ocupando importantes cargos públicos, y yo no escuché de ninguno de ellos pedir perdón a la sociedad y a sus víctimas”.
-Tampoco del otro lado nadie salió nunca a pedir perdón -le dijo el periodista-.
-El análisis de esta época debe ser meditado con mucha objetividad, sin demonizar ni santificar. Sin embargo, recuerdo que existieron varios pedidos públicos de perdón. Por otra parte, los perpetradores han hecho juicios. Todos los afectados por el Estado fueron reparados. Los padres, los hijos, los grupos familiares fueron reparados en forma completa, porque se dictaron leyes nacionales y provinciales que los han cubierto ampliamente. Además, está el Museo de la Memoria. En cada ciudad importante hay un museo… pero de una memoria sesgada, porque a las víctimas inocentes no se las incluye. Entonces, me pregunto, si el Estado pone todo su empeño en defender solo a un sector, ¿por qué no actúa igual para defender a las personas que ni siquiera militaban en una organización armada? Un terrorista no es lo mismo que una víctima -contestó Villarruel-.
-Por supuesto que no. ¿Pero pensás que también es lo mismo el terrorismo de Estado que el otro terrorismo?
-La expresión terrorismo de Estado no sólo es desafortunada, sino también confusa. El terrorismo de Estado es una categoría política, que crea un terrorismo mayor que oculta y opaca las acciones del propio terrorismo. Hace muchos años, el ex secretario de la ONU Kofi Annan dijo: «Ya es hora de dejar de lado los debates sobre el denominado terrorismo de Estado. El uso de la fuerza por los Estados está totalmente reglamentado por el derecho internacional y el derecho a resistir a la ocupación debe entenderse en su auténtico significado. No puede incluir el derecho a asesinar o mutilar deliberadamente a civiles». Por otra parte, la Audiencia General española, en el 2008, dijo: «La expresión terrorismo de Estado no existe, es desafortunada; el Estado no puede subvertirse a sí mismo». Ahora bien, si entendemos que el terrorismo de Estado es la violación masiva de derechos humanos, como algunos han intentado definirlo, puedo garantizar que el gobierno actual queda perfectamente encuadrado en esta definición, porque el Estado hoy está violando masivamente los derechos humanos de las víctimas del terrorismo.
-Cuando te argumentan que el Estado secuestró y eliminó personas, que las hizo desaparecer, que se apropió de bebés…
-Mirá, yo defiendo a inocentes. Para nada estoy de acuerdo en que el Estado abuse contra nadie, pero tampoco estoy de acuerdo con que el mismo Estado, años después, diga que esos que fueron abusados eran inocentes o que eran personas probas. Una persona que integró una organización terrorista, tanto en gobiernos democráticos como de facto, no puede luego ser tildada de santo.
-Desde lo jurídico, ¿qué es lo que hacen exactamente?
-Les brindamos asesoramiento gratuito a las víctimas que quieran reabrir sus causas judiciales y nuestros abogados, que trabajan ad honorem, las patrocinan. Pero el problema que tenemos es que el Estado frena esas causas. Desde el momento en que el procurador Esteban Righi, a través de la resolución 158 del año 2007, les dio la orden a los fiscales de no declarar delitos de lesa humanidad a los atentados cometidos por las organizaciones terroristas, desde el vamos tenés un freno insalvable. Nos hemos encontrado con causas del año ’74 o ’75 que nunca se han investigado. Tenemos causas vacías, en las que hasta el asesino fue identificado, y esas causas, sin embargo, no existen para la Justicia. El Poder Judicial también tiene responsabilidad, porque no ha tomado el mandato de impartir justicia. Hay muchísimos casos de personas que han sido condenadas con sentencia firme, y luego indultadas durante el gobierno de Alfonsín. Y, encima, indemnizadas.