La comisión de Juicio Político de Diputados se encamina a dictaminar en el proceso de enjuiciamiento iniciado contra los ministros de la Corte Suprema, pero previamente deberá resolver qué hace con los descargos presentados por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quien rechazaron las imputaciones y deslizaron que la oposición se basó «supuestos, presunciones, intrigas y sospechas» que a su entender «carecen de sustento lógico«.
En las presentaciones que realizaron este jueves, los dos jueces respondieron a cada uno de los cargos por los cuales se les inició la investigación preliminar en la comisión del Congreso, pero también alertaron sobre el peligro que representa para la independencia judicial.
Para el próximo martes está convocada una audiencia para escuchar a los ministros que quisieran dar su descargo en forma presencial. Hasta este viernes no hubo ninguna novedad respecto de la posición de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes a diferencia de sus pares no presentaron sus descargos. Vale aclarar que los jueces no están obligados a responder, ni a participar en la reunión de la comisión.
Las respuestas de Horacio Rosatti
Si bien se fijaron tres grandes causales para acusar a los jueces, cada uno de los cargos tiene distintos puntos adicionales. A Rosatti se lo acusó de haberse ungido como presidente de la Corte con el voto propio. Y el magistrado advirtió que «este hecho no fue denunciando en ninguno de los 14 pedidos de juicio político y la comisión carece de atribuciones para ampliar o modificar los hechos denunciados»,
Sin embargo, el jurista santafesino indicó que «el hecho reprochado» por la comisión de Diputados «no configura ilicitud ni irregularidad, por el contrario es una facultad propia» del tribunal.
Los legisladores también lo señalaron por haber intervenido en la causa por el Consejo de la Magistratura sabiendo que la sentencia lo beneficiaba personalmente al colocarlo al frente del cuerpo. Rosatti lo vinculó con la decisión de atender la demanda presentada por el senador Luis Juez cuando el kirchnerismo impuso su mayoría para quedarse con el representante de la segunda minoría en el Senado para el organismo.
En su defensa remarcó que «asumir la responsabilidad por mandato de la ley y no por voluntad discrecional no constituye un beneficio personal». «La asunción de la presidencia del Consejo de la Magistratura no se concretó de manera automática sino que medió un lapso de cuatro meses, en los cuales se impulsó la sanción de una nueva ley que preveía una presidencia distinta pero que no obtuvo las mayorías parlamentarias«.
Asimismo, la oposición acusó a Rosatti de haber colaborado en «el descrédito del Poder Judicial», todo esto en base a los presuntos chats entre su secretario Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Si bien aclaró el juez que la demanda está pendiente de la resolución del Tribunal también subrayó que «las supuestas conversaciones a las que se alude fueron consideradas inválidas por su presunto origen ilegal en el proceso judicial en el que fueron investigadas».
Por este mismo tema, la comisión le reprochó al presidente de la Corte no haber ordenado una investigación sumarial contra Robles. A lo que respondió que «el reglamento de investigaciones establece que sólo podrá ordenarse la instrucción de un sumario en caso que el agente sea procesado en una causa penal«. También precisó que la decisión debe ser tomada por «la mayoría del tribunal y no sólo por uno de los miembros».
Frente al cargo de ataques, presiones e intimidaciones públicas contra otro poder del Estado, en referencia a un discurso pronunciado el año pasado por Rosatti en Catamarca, cuando hizo mención a la reforma del Poder Judicial, explicó que en su mensaje lo que planteó fue la necesidad de establecer «un diálogo genuino entre los poderes del Estado».
Otro de los cargos que se le imputó dentro de la causal por el fallo del Consejo de la Magistratura, que declaró inconstitucional una ley del kirchnerismo para que «recobren vigencias las normas anteriores», fue el de haberse apropiado de funciones que la reforma constitucional le había quitado al máximo tribunal.
Indicó que «la Corte no reemplazó al Consejo de la Magistratura en la toma de decisiones sino que invalidó algunos artículos de esa ley», puntualizó el magistrado en su presentación de más de 70 páginas.
Respecto del manejo discrecional y arbitrario de los tiempos de una causa judicial, Rosatti respondió: «Este cargo se apoya en una concatenación de supuestos, presunciones, intrigas y sospechas que carecen de sustento lógico».
Además se lo señaló de haber interrumpido el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura, esto según el kirchnerismo. Dijo que la acusación «es totalmente incorrecta» como también de haber adelantado información sobre el fallo contra la Magistratura.
Para completar este cargo también se le imputó «múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar» al organismo encargado de designar a los jueces y fiscales. «Este tipo de imputaciones resulta constitucionalmente improcedente», respondió Rosatti para recordar que «los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias».
Ya en lo que tiene que ver con el fallo por la coparticipación, el eje de la acusación se centró en las sospechas de imparcialidad a partir de la supuesta relación entre Robles y D’Alessandro. Si bien aclaró que se trata de una causa que está pendiente de un fallo, repitió que está basada en supuestos chats que fueron declarados «inválidos» por la justicia.
En cuanto a la posibilidad de haber omitido dar intervención a la Unidad de Análisis Financiero, como indicaron los diputados, el juez dijo que se dictó una medida cautelar frente al reclamo de la Ciudad y se dejó abierta la posibilidad de que se pueda solicitar «una opinión fundada». «El reproche configura una intervención indebida en las atribuciones propias de la Corte», advirtió.
Sobre violar el orden jurídico desconociendo el sistema federal de coparticipación, Rosatti explicó que lo resuelto por el tribunal «no perjudicaba el federalismo de concertación ni los derechos de las provincias». También rechazó el haber vulnerado el derecho de defensa del Estado. «La cuestión debe ser resuelta por el tribunal al expresarse sobre el recurso de revocatoria interpuesto por el propio Estado», puntualizó y agregó que el tribunal «exhortó a ambas partes a arribar a un acuerdo conciliatorio».
Entre los cargos que impuso el kirchnerismo también se incluyó el conocido fallo Muiña, que buscó beneficiar con el 2×1 a un represor del Hospital Posadas. Por este caso también fue acusado Rosenkrantz, ya que conformaron el voto de la mayoría junto a Elena Highton de Nolasco. En rigor se los acusó de «acciones dilatorias en el caso Schiffrin» para condicionar el apoyo de Highton de Nolasco.
El magistrado indicó que este caso “supo poner en evidencia la necesidad de revisar una norma” y rápidamente el Congreso sancionó una ley para impedir que ese beneficio alcance a imputados en causas de lesa humanidad. Por eso, Rosatti indicó que este cargo es «una invasión al ámbito de competencia del poder judicial» y advirtió que «atenta contra la división de poderes».
La respuesta de Carlos Rosenkrantz
Por su parte, Carlos Rosenkrantz, que presentó un descargo de 67 páginas, resaltó que «no existe incumplimiento alguno ni causal de mal desempeño» por el fallo vinculado con la declaración de inconstitucionalidad de Consejo de la Magistratura.
En cuanto al restablecimiento «provisorio» de una norma anterior, el juez dijo que «podría nunca haberse aplicado si el Congreso hubiese cumplido con la exhortación referida y sancionado otra que regulase el funcionamiento» del organismo «de acuerdo con las exigencias de la Constitución».
También relativizó que la sentencia haya salido en la época en que el juez Rosatti fue elegido presidente del Tribunal. «No fue el producto de ninguna alteración del modo normal de funcionamiento de la Corte. No existe prueba alguna que demuestre lo contrario, sino solamente conjeturas basadas en dichos de algunos miembros de la comisión», señaló.
Al cargo de intromisión del tribunal en otro poder del Estado, Rosenkrantz indicó que el Tribunal «se limitó a cumplir su función constitucional resolviendo un caso que tenía planteado ante sus estrados, obligación que no cesa por el mero hecho de que se hubiese presentado un proyecto de ley en el Congreso».
También rechazó que el máximo tribunal se haya arrogado facultades legislativas e incluso resaltó que la Corte «cumplió con su deber constitucional de establecer un remedio provisorio para el hipotético supuesto de que el Congreso -poder al que expresamente le reconoció la atribución de organizar el CM- no dictase una nueva ley que fuese.
Sobre el caso del fallo Muiña, el ministro negó «acciones dilatorias en el caso Schiffrin» para condicionar el voto de Highton y así lograr «conciliar» negociaciones con la jueza y Rosatti «para dictaminar en favor de la aplicación del 2 x 1 a los represores”.
«La elucubración sobre la cual se asienta el cargo provisorio no se condice con ningún hecho de la realidad, lo que explica la absoluta ausencia de toda prueba que, de manera mínimamente razonable para un observador imparcial, sea suficiente para conjeturar con algún fundamento la conclusión a la que arriba la Comisión», contestó.
Rosenkrantz también negó que exista un incumplimiento en el fallo por la coparticipación de la Ciudad y advirtió que su respuesta claramente podría implicar «adelantar opinión sobre todas las cuestiones pendientes de resolución». «La resolución contiene fundamentos claros y suficientes para disponer una medida cautelar como la ordenada e independientemente de lo que corresponda fallar sobre el fondo del asunto y sobre los argumentos esgrimidos en las recusaciones y en la revocatoria articuladas, aspectos sobre los que no cabe abrir juicio aquí», añadió.
La intención del oficialismo es emitir dictamen en la semana del 13 al 17 de noviembre, ya que el 20 vence el plazo para cumplir con ese trámite dentro del período ordinario.