Empresarios locales y extranjeros asentados en Paraguay llevaron a los Estados Unidos el conflicto que mantienen con el gobierno argentino por el cobro de peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay
Se trata de una jugada peligrosa que busca internacionalizar el conflicto que ya tiene más aristas. El lunes, el gobierno paraguayo de Santiago Peña anunció que va a retirar «el 100% de la potencia de energía» que dice que le corresponden en la central hidroeléctrica binacional de Yacyretá. Es un recorte en la porción que habitualmente se le transfería a la Argentina.
Ahora es la llamada Paraguayan American Chamber of Commerce Inc (la Cámara de Comercio Paraguaya-Americana, USAPACC), “hermana” regional de la American Chamber en la Argentina (AmCham) la que a través de su sede en Miami emitió un comunicado de todos sus miembros -paraguayos y estadounidenses- y con mira hacia el gobierno de los Estados Unidos, que cuestiona el cobro del peaje como una “medida unilateral e inconsulta”, además de “ilegal”.
Y lo considera un “grave retroceso” a los “esfuerzos de integración” regional.
El comunicado de esta cámara empresaria es de alto valor simbólico puesto que en la Hidrovía se juegan intereses de los Estados Unidos y Europa contra China, la que a su vez está pidiendo pista para su espacio en las concesiones de esta vía navegable regional, en el dragado y otras obras que necesitan los ríos.
Para el caso, en el Congreso paraguayo también se encuentra desde hace años un proyecto de ley que causó inquietud en Brasil como en la Argentina. Se trata de una concesión posible de los paraguayos para que ingenieros militares de los Estados Unidos participen de los dragados y controles en las zonas que le son soberanas a ese país.
El comunicado de la USAPACC dice que el peaje argentino afecta a Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay y, según ellos, “deviene en transgresiones a varios tratados, acuerdos, convenciones bilaterales y multilaterales que permiten la libre navegabilidad de los ríos, en particular los considerados internacionales, y de tratamiento especial a países sin litoral marítimo”.
Pusieron como ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, y diversos tratados de libre navegación entre ambos países: de 1852, 1856 y 1876, y otros de 1967 y 1991 que -aseguran- fueron “reconociendo y afirmando” derechos de Paraguay.
“Se considera como un grave retroceso a todos los esfuerzos de integración que se vienen alcanzando dentro del Mercosur”, dice la nota.
“El comercio eleva la paz y une a los pueblos, lo contrario lleva a la destrucción mutua. La medida impuesta por la Argentina afecta negativamente la puntual provisión de estos alimentos imprescindibles a las naciones recipientes de los mismos y sus costos”.
El peaje que cobra Argentina desde enero pasado, fruto de la estatización de este curso de agua vital para el comercio regional, son 1.47 dólares la tonelada registrada para barcos que salen desde puertos extranjeros; y 1.47 pesos para la tonelada registrada de barcos que salen de puertos nacionales.
Todos los países vecinos de la Argentina que comparten el uso de la Hidrovía -en realidad muchas barcazas paraguayas tienen dueños brasileños y argentinos- rechazaron vía comunicado el cobro de ese peaje, y cuestionan la legalidad. Tanto el Ejecutivo de Alberto Fernández, como el Ministerio de Economía, de Sergio Massa, y el de Transporte de Diego Giuliano, defendieron el cobro del peaje porque señalan que se trata de una contraprestación de obras que se realizan en la Hidrovía.
Qué dice el Gobierno argentino
En vísperas de una reunión del comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná que va a tener lugar el próximo martes 26 en la embajada de Brasil en Buenos Aires, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería Gabriel Fuks les mandó una carta al grupo manifestando que esperaba una respuesta al envío de un listado de obras que señala hace la Argentina en la Hidrovía.
Ocurre que el 1 de septiembre pasado, en lo que fue la última reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay–Paraná, los cuatro vecinos de la Argentina que comparten el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná (Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) rechazaron el cobro del peaje y pidieron que lo suspenda
En particular Paraguay, donde el sindicato de armadores presiona fuertemente contra la Argentina, y amenaza con juicios y también presentarse ante la Organización Mundial de Comercio.
De hecho, el presidente del poderoso Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), Raúl Valdez, es quien advirtió que recurrirán a un arbitraje internacional si el conflicto por el cobro del peaje impuesto por el Gobierno de Argentina —a través de una resolución ministerial— no se resuelve a través de negociaciones políticas como las que se vienen sosteniendo.
Incierto incidente con camiones en la frontera
Como si la tensión ya no estuviera en un punto delicado, este martes a la noche, la prensa paraguaya denunció que la aduana argentina retuvo en el Puerto Pilcomayo (Clorinda) 12 camiones paraguayos que transportan gas licuado de petróleo (GLP) que iban al Puerto Itá Enramada. Seis de los camiones son de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar).
Para el diario Ultima Hora, esta media se puede interpretar en el marco del conflicto por el peaje en un tramo en la Hidrovía. Más allá de las interpretaciones, la Dirección General de Aduanas endureció en las últimas semanas los controles de ilícitos en toda el tramo de la Hidrovía que controla la Argentina.