Tras la resolución de la Corte Suprema de dejar cesante a la jueza Ana María Figueroa, el kirchnerismo vuelve a presionar con los pliegos de jueces y fiscales que están pendientes de la aprobación del Senado, algunos de los cuales ya fueron cuestionados por la oposición no sólo por los vínculos con el oficialismo sino también por distintas impugnaciones que se presentaron en audiencia pública.
En Juntos por el Cambio repiten que hay una decisión tomada de no darle nuevos nombramientos judiciales al Gobierno cuando restan 3 meses para el final del mandato de Alberto Fernández. Pero el kirchnerismo está decidido a llevar al recinto los casi 100 pliegos, algunos aún sin estado parlamentario, en su objetivo por «equilibrar el poder en el Consejo de la Magistratura», tal como fundamentan.
Es que tal como informó Clarín, entre los pliegos que el oficialismo quiere incluir hay funcionarios vinculados a Axel Kicillof y al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro. El caso más resonante es el de Juan Rafael Stinco, un abogado de poco más de 40 años cercano al gobernador bonaerense.
Entre 2013 y 2014, Stinco estuvo en YPF como asesor de vicepresidente de servicios jurídicos corporativos, etapa en la que Axel Kicillof, ocupó el directorio y luego asumió como ministro de Economía. Un año más tarde fue prosecretario letrado de la Procuración General, y en diciembre de 2015 dejó ambos puestos con la llegada de Mauricio Macri al gobierno. Además fue director general de asuntos jurídicos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
Ahora fue propuesto para cubrir la vacante en el juzgado nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 7. Pero tras conocerse la designación, tres abogadas que habían sido ternadas para ocupar el cargo le enviaron al Presidente un recurso de consideración pidiendo la suspensión de la designación y el retiro del pliego.
En la presentación, las abogadas Analía Conde, Natalia Mortier y Patricia Rota, advirtieron que es «flagrantemente ilegal, inconstitucional e ilegítimo» la designación de Stinco. Para fundamentarlo plantearon que el Ejecutivo puede nombrar jueces en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, pero en el caso Stinco fue designado a partir de una lista complementaria.
Encima, en 2021 fue nombrado juez de primera instancia en lo civil y comercial y tienen que transcurrir tres años desde el momento de la asunción para postularse para otro tribunal.
Otro de los pliegos cuestionados es el de María Laura Manin, subsecretaria de gestión administrativa del ministerio del Interior. En este caso no sólo criticaron su cercanía con «Wado» De Pedro sino que además fue propuesto siendo segunda en una lista complementaria.
En la oposición sospechan que el kirchnerismo busca así cubrir «funciones empresariales», ya que fue propuesta para la sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial, que debe intervenir en conflictos entre las empresas y el Estado.
A esta nominación se suma también la de Humberto Guardia Mendonca, quien se ubicó tercero en una segunda terna para ocupar el cargo de vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En el ámbito judicial llamó la atención el ascenso de Guardia Mendonca, quien es el esposo de María Bourdín, vocera de Ricardo Lorenzetti.
Desde la oposición hicieron un paralelismo entre esta designación con lo que ocurre en el proceso de juicio político que el kirchnerismo lleva adelante en Diputados y donde Lorenzetti es el menos mencionado por los representantes del oficialismo.
Además, entre los candidatos está Ana María Cristina Juan, quien fue propuesta para el juzgado federal de Hurlingham. La funcionaria es la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien está al frente de la causa que investiga adulteraciones o reescritos en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer del Ministerio de Planificación.
Otro de los que espera el acuerdo del Senado es Lucas Alberto Colla, quien en 2016 a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, hizo lugar a un amparo para que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería (MinEM) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENaRGas), que disponían aumentos en el servicio de gas.
Todas estas designaciones son parte de un paquete de pliegos que el Ejecutivo envió en mayo pasado y que aún no tuvieron estado parlamentario porque el Senado no sesiona desde el 13 de abril y en consecuencia no pudo darle ingreso al mensaje del Gobierno para que sean girados a la comisión de Acuerdos.
Juntos por el Cambio se resiste a aprobar los pliegos de jueces y fiscales del kirchnerismo
Por eso, la intención del oficialismo es acordar una sesión para habilitar estos pliegos pendientes de estado parlamentario y también avanzar con el paquete que tiene pendiente desde septiembre de 2022 y los ingresados en abril, que incluía el acuerdo por Ana María Figueroa, que finalmente quedó cesante por llegar a la edad jubilatoria por una resolución de la Corte Suprema.
Tanto Guadalupe Tagliaferri (PRO) coo Silvia Giacoppo cargaron contra el oficialismo por avanzar con los pliegos judiciales. Pero desde Juntos por el Cambio anticiparon que si el oficialismo finalmente consigue el quórum para tratar los pliegos judiciales, rechazarán en el recinto los impugnados por CABA y Jujuy.
En el caso de la provincia del norte se cuestiona la nominación de Diego Martín Matteucci, quien fue propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy y su pliego fue impugnado por un hecho ocurrido en 2018, cuando se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de la misma provincia por el faltante de aproximadamente 60 kilos de cocaína que había sido incautada en diferentes procedimientos.
En la audiencia pública, el funcionario dio su versión sobre lo ocurrido y buscó deslindar responsabilidad en lo sucedido aunque no llegó a conformar a los senadores de la oposición. Además, Matteucci fue denunciado por acoso laboral, sexual y violencia de género.
Otra de las candidatas cuestionadas por la oposición es la jueza Carina Gregoraschuk, quien fue propuesta para el juzgado federal de Primera Instancia de Jujuy y fue impugnada por hechos ocurridos durante su gestión en la justicia penal de San Luis, donde en 2008 ordenó la detención del entonces ministro de Seguridad, coronel retirado Guillermo López.
Un año antes había sido reprobada en un examen para ascender al cargo de camarista penal, luego de que el tribunal examinador notara que se había copiado una sentencia. La postulante rechazó la acusación.
La nominación del juez Hernán Diego Papa también es cuestionada por la oposición por la impugnación que presentó en su momento la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) a partir de una denuncia que formalizó ante el Consejo de la Magistratura el pasado 16 de mayo en la que acusó al magistrado de «abuso de autoridad, amenaza, agresión física y maltrato laboral cotidiano resultando configurativo de violencia y acoso por razón de género».
Papa, quien está propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, fue relacionado con Amado Boudou y al estar a cargo del Juzgado Comercial Nro. 12 decretó la quiebra del Banco Finansur S.A. propiedad del empresario K Cristóbal López.
Otro de los rechazados es el pliego de Gerardo Pettigiani, quien fue propuesto para la Cámara del Tribunal Oral de Menores nro. 3 de la Capital Federal y también recibió impugnaciones «actitudes de destrato laboral lindantes con la falta de ética». Mientras que Fernando Poviña, quien fue propuesto para la Cámara de Apelaciones de Tucumán, fue cuestionado por incumplir un dictamen de un tribunal de Comodoro Py en una causa por contaminación.