Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, los dos camaristas que firmaron la polémica liberación de Julio “Chocolate” Rigau y decidieron la nulidad de la causa por la presunta estafa con 48 tarjetas de débito de la Legislatura tienen abierto otros surcos jurídicos que pondrán la lupa sobre esa decisión.
La denuncia por presunto mal desempeño en los deberes de funcionario que hicieron dirigentes de la oposición tiene formato de “investigación penal preparatoria”. Según confirmaron a Clarín fuentes de Tribunales, se trata de la IPP Nro 050765/23 que lleva esta carátula: “Lopez Murphy, Ricardo Hipólito s/denuncia”.
Y buscará determinar si hubo una “posible comisión de delito en los fundamentos y motivaciones” de la determinación que sepultó –por ahora- el avance del proceso que podría revelar una trama de corrupción en las estructuras políticas de la Provincia.
También el mismo escrito se recibió como denuncia en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados. Es la ventanilla de entradas al juicio político, única forma legal de remoción de los funcionarios judiciales.
Se presentó este jueves y el secretario de ese organismo, Ulises Giménez, citó a los denunciantes para el 3 de octubre. Es para que ratifiquen y eventualmente aporten pruebas para que esa dependencia evalúe si corresponde iniciar ese proceso..
Hay otra puerta que abrió la propia Justicia como derivación del dictamen firmado hace seis días por los camaristas Benavides y Villordo en el expediente contra el recaudador de la Cámara de Diputados provincial que fue detenido el 9 de septiembre cuando sacaba dinero de esos plásticos que no le pertenecían. Es la IPP que debe determinar si en la confección de ese fallo hubo algún desvío legal.
Este martes, como informó Clarín, a los jueces de la Sala III que hicieron lugar a un habeas corpus de la defensa de Rigau, se les inició un sumario en la Suprema Corte provincial. Una copia de la polémica resolución fue remitida desde la Procuración hacia la oficina de Control Disciplinario del más alto tribunal de la Provincia.
Todos estos resortes jurídicos se dispararon con la presentación que hicieron el diputado Ricardo López Murphy (JxC), el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel (Pro), y la candidata a senadora nacional, María Eugenia Talerico (integra la lista de Patricia Bullrich).
Hasta ahora, los únicos que se animaron proponer alguna acción concreta sobre el episodio. Las ausencias se advierten entre oficialistas y opositores. Casi todas las autoridades y funcionarios de la provincia están enmudecidos. Y paralizados por el escándalo que estalló bajo sus pies
La IPP que se inició en el fuero penal quedó en la fiscalía Nro 6 –que está de turno- a cargo de Juan Menucci. Según pudo averiguar este diario, el funcionario ya solicitó una copia de la causa “original”. O sea la que instruyó Betina Lacki y quedó sepultada por el fallo de Benavides/Villordo.
También intentará “determinar el objeto procesal”. O sea establecer cuáles delitos puede investigar y cuáles ya están en otro expediente.
Polémica liberación de Chocolate
Sobre la situación de los camaristas, Menucci esperará otros dos procesos en marcha a partir del escándalo de las tarjetas de “Chocolate” Rigau: el avance de la investigación administrativa de la Suprema Corte y qué resuelven en el Tribunal de Casación Penal, donde será apelada la libertad del recaudador y la nulidad del proceso.