El representante legal de la víctima emitió un comunicado para rechazar amenazas en redes sociales y reafirmar la confianza en el sistema judicial.
El país sigue bajo la atención judicial y mediática por el caso de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que murió tras acudir a un supuesto procedimiento en un supuesto centro estético al sur de la ciudad. El hecho ocurrió el 13 de mayo de 2026 en el sector de Venecia, donde funcionaba un establecimiento identificado como “Beauty Center”, señalado por las autoridades como un lugar sin autorización sanitaria.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación y de la Sijín, de la Policía, estableció una secuencia de hechos que incluye el deterioro de la salud de la mujer durante la lipólisis láser, su estado de inconsciencia y su posterior traslado fuera del lugar.
El caso dio un giro cuando se conoció que el cuerpo fue hallado en una vía del municipio de Apulo, en Cundinamarca, tras un recorrido del vehículo implicado que salió de Bogotá y pasó por el peaje Andes, al norte de la ciudad; luego fue captado en el peaje El Roble, entre Sesquilé y Gachancipá, entre otros municipios de la región.
Comunicado del abogado de la familia
Con el avance del proceso judicial y la captura de cinco personas presuntamente vinculadas a los hechos, el abogado de la familia de la víctima, Juan Camilo Caicedo, se pronunció para fijar una posición pública frente a los mensajes que circulan en redes sociales. Por medio de un comunicado buscó frenar llamados a represalias contra los detenidos y reafirmar la ruta institucional del caso.
Desde su cuenta en la red social X, Caicedo rechazó “de manera categórica e inequívoca las amenazas y los llamados a actos de ‘justicia por mano propia’ difundidos recientemente a través de redes sociales en relación con este caso”.
La declaración apareció tras la difusión de nuevos testimonios de los capturados dentro de la investigación, que aparecieron en el pódcast Más allá del silencio, conducido por el periodista Rafa Poveda.
El abogado insistió en que la familia de Yulixa Toloza actuó desde el inicio bajo los canales legales. En el comunicado afirmó que los allegados de la víctima confiaron en el ente judicial y en los jueces de la República para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
En ese mismo documento, la representación judicial pidió a las autoridades investigar los mensajes que promueven retaliaciones en redes sociales, al considerar que pueden afectar el desarrollo del proceso. La solicitud incluyó un llamado directo a la Fiscalía para revisar esas publicaciones y adoptar las medidas correspondientes.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar la labor de las autoridades competentes, a actuar con responsabilidad en el uso de las redes sociales y a abstenerse de cualquier conducta que pueda obstaculizar el curso de la justicia o poner en riesgo la integridad y seguridad de las personas vinculadas a este proceso”, se lee en el documento.
Además, en el comunicado reiteró que la justicia debe mantenerse dentro del marco institucional: “La búsqueda de justicia únicamente puede desarrollarse dentro del marco institucional y con pleno respeto por el Estado de Derecho”.
Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la imputación de cargos por desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio contra los capturados.
Testimonios del pódcast ‘Más allá del silencio’
El jefe de la Sijín en Bogotá, teniente coronel Fabio Gallego, explicó en el pódcast Más allá del silencio que la información de la ubicación del cuerpo de la mujer surgió tras la captura de tres personas en Venezuela: María Fernanda Delgado Hernández, señalada dueña del centro estético; Edinson José Torres Sarmiento, su pareja; y Eduardo David Ramos, identificado como el supuesto ‘falso cirujano’.
Según el oficial, mediante una videollamada con los detenidos se intentó establecer el paradero de la víctima, quien llevaba varios días desaparecida. En esa comunicación, uno de los implicados describió la ruta de salida desde el sur de Bogotá hacia Soacha y luego hacia los municipios de Apulo y Anapoima.
Gallego relató que, al pedir precisión sobre el punto exacto, los señalados solo mencionaron una zona vial sin coordenadas claras. En ese intercambio, uno de ellos habría dicho la frase: “Sin cadáver no había delito”, mientras explicaban el traslado posterior al procedimiento.
Con esa información, los equipos de búsqueda realizaron inspecciones en el corredor entre Apulo y Anapoima, donde finalmente fue hallado el cuerpo de la mujer.