Compartimos esta entevista, como parte del nuevo número, el 862, del periódico impreso del MST, Alternativa Socialista, que ya podes adquirir en cualquiera de los locales del MST en el FIT-U.
La disputa por los bienes naturales —el agua, los minerales y los combustibles fósiles— ya no es una metáfora: es una realidad brutal que atraviesa regiones, pueblos y gobiernos.
En Argentina, el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares no es un debate técnico ni un simple ajuste legislativo. Es un capítulo más de un plan de reprimarización económica, entrega de recursos estratégicos y subordinación geopolítica al capital transnacional, impulsado por el gobierno de Javier Milei.
En paralelo, la reciente agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, presentada cínicamente como una operación contra el narcotráfico, vuelve a mostrar qué está realmente en juego en la disputa imperialista por el petróleo, la energía y el control regional en América Latina.
En ese contexto, conversamos con Jessi Gentile, activista socioambiental, coordinadora de la Red Ecosocialista, integrante de BFS y de la Campaña La Ley de Glaciares no se toca, para entender qué se quiere cambiar, quiénes empujan esta reforma y por qué la defensa del agua se volvió una batalla estratégica de nuestro tiempo.
— Para arrancar por lo básico: cuando hablamos de glaciares y ambiente periglacial, ¿de qué estamos hablando y por qué es tan importante protegerlos?
Hablamos, lisa y llanamente, de agua. No de un paisaje lejano ni de una postal turística, sino de agua acumulada durante miles de años, que cumple una función clave: regular el ciclo hídrico y garantizar agua en regiones donde ese recurso ya es escaso.
Los glaciares funcionan como reservas estratégicas de agua dulce. En épocas de sequía —cada vez más frecuentes por el cambio climático— sostienen el caudal de los ríos. Y el ambiente periglacial, que es el suelo congelado que los rodea, es parte del mismo sistema. Si no protegés ese entorno, el glaciar termina desapareciendo igual.
Por eso la Ley de Glaciares no protege solo “hielo visible”. Protege un sistema completo, porque entiende que el agua no es una mercancía sino un bien común fundamental para la vida, la producción de alimentos y la existencia de comunidades enteras.
— ¿Por qué decis que la Ley de Glaciares es una barrera y no una simple regulación ambiental?
Porque no se trata de una norma técnica más. La Ley de Glaciares prohíbe la megaminería, el petróleo y cualquier actividad que ponga en riesgo glaciares y ambiente periglacial.
Un dato clave: la ley fue vetada por el kirchnerismo en 2008, bajo presión directa de las corporaciones mineras. Ese antecedente dice algo incómodo pero necesario: cuando están en juego los grandes negocios extractivos, muchas veces no hay una grieta real entre gobiernos que se dicen “progresistas” y gobiernos abiertamente de ultraderecha.
Hoy el intento de vaciarla aparece en otro marco: disputa geopolica imperial, ajuste, reforma laboral y endurecimiento penal. No es un debate ambiental aislado. Es una pieza más del programa económico que necesita liberar territorios, disciplinar resistencias y garantizar rentabilidad.
La Ley de Glaciares no busca mejorar la megaminería dice algo mucho más peligroso para el poder económico: acá no. Y en un país donde todo parece estar en venta, ese límite es una definición política fuerte.
Por eso fue judicializada, atacada y ahora directamente quieren vaciarla. Defenderla no es fetichizar una norma: es defender un principio básico. Que el agua y los glaciares no pueden quedar sometidos a la lógica del mercado.
—El gobierno habla de “federalismo” para justificar la reforma. ¿Qué hay detrás de eso?
Es una coartada. Se usa el discurso federal para darle la lapicera a gobernadores que funcionan como gerentes del capital transnacional para que diujen o borren del mapa la zonas periglaciares
Los glaciares y las cuencas hídricas no respetan fronteras provinciales. Por eso existen los presupuestos mínimos ambientales. Delegar la protección en gobernadores alineados con la mafia de las mega mineras es, en los hechos, desproteger.
Son los mismos gobernadores que bloquearon la Ley de Humedales, porque los salares —clave para la megamineria de litio— son humedales. Es el mismo bloque político actuando una y otra vez.
— ¿Qué relación tienen los incendios en la Patagonia con los glaciares y la crisis hídrica?
Total y dialéctica. Los incendios se multiplican por sequías y olas de calor cada vez más extremas, pero también por decisiones concretas: ajuste en ambiente, recorte de recursos para prevención y combate del fuego, brigadistas precarizados y desfinanciamiento de la ciencia.
A eso se suma el avance del monocultivo de pino que es, literal, combustión para el fuego
— ¿Cómo impactan esos incendios sobre los glaciares?
Cuando hay incendios a gran escala, el humo y las cenizas se depositan sobre la nieve y el hielo, oscurecen la superficie y aceleran el derretimiento por el efecto albedo. Menos hielo hoy significa menos agua mañana.
— ¿Por qué hablás de una relación “dialéctica”?
Porque es un círculo que se retroalimenta:
más crisis climática, más incendios, más derretimiento, menos agua, más conflicto social.
Y en vez de romper ese círculo, el gobierno lo profundiza. El fuego que hoy arrasa bosques mañana también derrite glaciares
— Venís insistiendo desde tu viaje a la COP 30 en Belem en que el ataque a los glaciares no puede entenderse sin el contexto global de guerra y disputa geopolítica. ¿Por qué?
No lo digo yo, es resultado de las elaboraciones conjuntas que viene desarrollando la LIGA INTERNACIONAL SOCIALISTA, con activistas ambientales y socialistas de 40 paises del mundo, desde hace un tiempo y que se vienen demostrando muy acertadas, recomiendo que entren a su pagina y sigan de cerca.
Y es asi, con la crisis economica del 2008 y el segundo mandato de Trump el mundo entró en una fase abiertamente violenta de la disputa por los bienes estratégicos. Agua, energía, minerales, territorios. Lo que antes se resolvía con tratados comerciales hoy se resuelve, con intervenciones militares y guerras abiertas.
La confrontación entre Estados Unidos y China por el control de cadenas de suministro, recursos energéticos y zonas de influencia atraviesa todos los conflictos actuales.
En ese contexto, la ofensiva sobre los glaciares argentinos no es una rareza local. Es una pieza más de un reordenamiento global EEUU, en este caso con la subordinacion de Milei, garantizando recursos baratos, estabilidad política para los negocios y represión para las resistencias. Veremos si lo logra.
— ¿Cómo entra Venezuela en ese esquema?
Lo confirma. Deja al desnudo lo que está realmente en juego: el control del petróleo y la influencia geopolítica en la región.
No es un problema de “regímenes buenos o malos”. Es una disputa cruda por recursos energéticos en un mundo que entra en crisis de abastecimiento. Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta, y eso la convierte en objetivo permanente.
Si Palestina parecía “lejana” para parte de la sociedad argentina, Venezuela debería sonar mucho más cerca. No solo por la región, sino porque la lógica que se ensaya allí es la misma que se aplica de otras formas, con el FMI sobre Argentina, por ejemplo
Ucrania muestra otra cara de la misma moneda. Allí no solo se disputa territorio: se disputan minerales estratégicos, rutas energéticas y control regional.
Son guerras por recursos, por posicionamiento y por dominación. Y en todos los casos, quienes pagan el costo son los pueblos.
— ¿Qué lugar ocupa Argentina en este mapa global?
Argentina ocupa el lugar que históricamente le asignaron: proveedora de naturaleza barata. Agua, litio, petróleo, minerales, alimentos. Pero ahora, con un agregado: endeudada, con crisis económica y con un gobierno dispuesto a entregar todo a cambio de dólares rápidos.
La reforma de la Ley de Glaciares, el impulso al extractivismo y la flexibilización ambiental no son errores de cálculo. Son señales claras hacia el capital internacional: “acá pueden venir, no habrá límites”.
Por eso no tenemos doble vara como el resto de la izquierda que apoya Venezuela pero no al pueblo de Ucrania. Nosotrxs defendemos la autodeterminación del pueblo venezolano frente a la agresión imperialista de Estados Unidos, del mismo modo que defendemos el derecho del pueblo ucraniano a resistir la invasión rusa y el derecho del pueblo palestino a existir frente al sionismo y el genocidio. No somos selectivos geopolíticamente.
No depositamos ninguna expectativa emancipadora ni en China ni en Rusia. No son alternativas progresivas al imperialismo estadounidense: son potencias capitalistas con ambiciones imperialistas propias, que disputan recursos, territorios y zonas de influencia. Y cuando invaden, ocupan o reprimen pueblos, las enfrentamos políticamente.
Nuestra posición es coherente y sin hipocresías:
ni Washington, ni Moscú, ni Pekín.
Ni OTAN ni “antiimperialismos” de cartón.
— Hace poco iniciaste una fuerte polémica con un video cruzando al Partido Obrero por su proyecto de regalías mineras en Santa Cruz. ¿De qué se trata esa discusión y por qué te parece tan importante darla ahora?
La polémica arranca con algo muy concreto. En Santa Cruz, el Partido Obrero presentó un proyecto que propone aumentar las regalías a la megaminería como forma de “capturar renta” y destinarla, supuestamente, a mejorar salarios y condiciones de vida.
El problema no es solo el proyecto en sí, sino el eje que propone. Porque discutir cuánto deja la megaminería es aceptar que la megaminería tiene que estar. Y hoy, en un contexto de crisis climática, crisis hídrica, ofensiva minera sobre Mendoza, la region precordillerana y el ataque frontal a la Ley de Glaciares, ese corrimiento del debate es un error político serio.
— En esa discusión también aparecieron el PTS y Izquierda Socialista. ¿Cómo evaluás su posición?
El PTS e Izquierda Socialista se sumaron al rechazo del proyecto del Partido Obrero, y eso es positivo. Pero el PTS lo hizo con muchas volteretas. Ambos compañaron la crítica puntual, pero no se animaron a plantear en términos programáticos la prohibición de la megaminería metalífera.
Ahí está el límite. Se critica el proyecto, pero no se discute a fondo el modelo. Se cuestiona el “cómo”, pero no el “qué”. Y en este momento histórico, eso no alcanza.
Cuando evitás decir claramente que la megaminería no va, terminás dejando abierta la puerta a variantes “mejoradas”, “controladas” o “gestionadas”, que en los hechos reproducen el mismo esquema extractivo, pero por izquierda.
— ¿Por qué consideran que la salida fiscalista para la megamineria —cobrar más impuestos o regalías— es un error de fondo?
Porque naturaliza el saqueo. Plantear la discusión en términos de regalías es asumir que el problema es cuánto se lleva la minera, y no qué hace, cómo lo hace y qué destruye en el camino.
La megaminería no es una actividad neutral que solo necesita una mejor distribución de la renta. Es estructuralmente destructiva: consume millones de litros de agua, contamina, deja pasivos ambientales permanentes y organiza la economía en función del mercado mundial.
Y acá hay un punto clave que muchas veces se esquiva: la tecnología no es neutral. Las tecnologías extractivas fueron diseñadas para maximizar la rentabilidad, no para cuidar territorios ni agua. Expresan las relaciones sociales y económicas en las que fueron creadas. No es lo mismo discutir la socialización de una fábrica que discutir la continuidad de una tecnología pensada para dinamitar montañas y vaciar acuíferos.
La experiencia chilena es clarísima. Se puede cobrar más, sí. ¿Y qué pasó? Zonas de sacrificio, agua contaminada, comunidades desplazadas y una matriz primarizada intacta. La renta no resolvió ningún problema estructural. El daño ambiental, en cambio, fue irreversible.
Convertir a la izquierda en gestora de ese modelo es cambiar de rol, no de sistema.
— ¿Y la idea de una megaminería bajo control obrero o control social?
Es una ilusión peligrosa. No porque desconfiemos de la clase trabajadora, sino porque no se puede separar una actividad de su lógica material, tecnológica y ecológica.
La megaminería a gran escala está diseñada para destruir. No se vuelve sustentable porque la gestionen comités obreros.
Cambiar quién administra sin cambiar qué se produce, para qué y con qué costos es quedarse en la superficie. Desde una perspectiva ecosocialista, hay que decirlo sin vueltas: hay actividades que no se reconvierten, se prohíben.
— La propia izquierda acusa esta posición de “antiproductiva”, “romántica” o de reducir la discusión a una cuestión legal. ¿Qué respondés a eso?
Primero, que no hay ningún fetichismo legal en plantear la prohibición. Para nosotros no es una maniobra jurídica ni una consigna táctica: es una definición programática básica.
Decir “prohibición” es decir que hay límites que no se negocian. Es decir que el agua, los glaciares y los territorios no pueden ser la variable de ajuste de ningún proyecto económico.
Segundo, que lo verdaderamente utópico es creer que se puede sostener indefinidamente un modelo extractivo en un planeta finito. Lo antiproductivo es destruir las bases materiales de toda producción futura, empezando por el agua.
Y tercero, que en el marco de la ofensiva minera actual —con dictamen, fecha de votación y un gobierno decidido a avanzar— no hay lugar para dilaciones. No alcanza con críticas parciales ni con ambigüedades programáticas.
La megaminería no resuelve ninguna necesidad social estructural. No garantiza empleo masivo, no diversifica la economía y no mejora la vida de las mayorías. Lo que sí garantiza es dependencia, contaminación y conflicto social.
Plantear la prohibición no es romanticismo ambiental. Es realismo ecológico y político.
— A esta altura siempre aparece la misma pregunta: si están por la prohibición de la megaminería, ¿qué proponen en concreto?
Cuando decimos que queremos prohibir la megaminería, no estamos hablando de toda actividad minera ni negando la existencia de minerales. Hablamos de un modelo extractivo específico, a gran escala, trasnacional, orientado a la exportación, que no responde a ninguna necesidad social.
La megaminería metalífera extrae principalmente oro, plata, molibdeno,cobre y litio. No lo hace para garantizar derechos básicos, sino para bienes suntuosos, especulación financiera y reserva de valor. Ningún trabajador ve reflejado ese “desarrollo” en su salario, en su jubilación o en su acceso a la salud. Lo que sí ve son las consecuencias: territorios destruidos, contaminación, saqueo del agua y comunidades convertidas en zonas de sacrificio.
Esto no es lo mismo que la minería de menor escala, que extrae insumos como cal, yeso, sal o áridos, utilizados para la construcción y el consumo interno. La confusión entre ambas no es casual: sirve para legitimar la megaminería escondiéndose detrás de actividades productivas distintas.
Además, el problema no es la falta de materiales. Ya se extrajo una cantidad obscena de minerales. El verdadero motor del saqueo es un sistema de producción basado en la obsolescencia programada: fabricar objetos descartables, romperlos rápido y volver a extraer como si los bienes comunes fueran infinitos. Con una política de planificación economica ligada a la recolección, reutilización y reciclaje de metales —chatarrerías, recuperación industrial, economía circular bajo control social— se podría reducir drásticamente la necesidad de nueva extracción, generando más empleo y menos destrucción ambiental.
En este marco, es clave aclarar nuestra posición sobre cobre, litio y energía nuclear por el debate de “transicion energentica” No rechazamos los materiales en abstracto: rechazamos su uso capitalista y colonial. En una transición hacia otro modelo productivo, planificado y al servicio de las mayorías, el litio podría tener un uso social —por ejemplo, en transporte público o servicios esenciales— siempre con debate democrático, participación plurinacional y el menor impacto ambiental posible. Pero en las condiciones actuales del capitalismo extractivo, el litio es una commodity en disputa inter-capitalista, destinada a sostener industrias basadas en el despilfarro y la obsolescencia. Por eso hoy planteamos que debe ser declarado bien común y patrimonio social no explotable.
Lo mismo vale para la energía nuclear: su uso masivo como vector energético implica riesgos estructurales, altos costos y residuos peligrosos. En una sociedad socialista su utilización debería ser limitada a fines científicos o medicinales. Sin embargo, en un proceso de transición revolucionaria, los pueblos no pueden renunciar al derecho a disponer de todos los recursos existentes, incluida la energía nuclear, como herramienta de autodefensa frente a agresiones imperialistas. La transición está atravesada por la lucha de clases, no por esquemas técnicos neutros.
Por eso nuestra posición es clara:
No a la megaminería como modelo de saqueo y devastación.
Sí a la defensa de los bienes comunes como patrimonio social inalienable.
Sí a una transición energética real, basada en energías limpias y renovables, con expropiación de las industrias estratégicas bajo control de los trabajadores.
Sí a la reconversión laboral garantizada, sin que la crisis la paguen quienes trabajan
Se trata de decidir para quién, para qué y bajo qué lógica se produce.
Y bajo el capitalismo extractivo, la megaminería es incompatible con la vida.
— Entonces, ¿cuál es la propuesta de fondo?
Decirlo sin vueltas: otra lógica de producción, otra economía y otro Estado. No hay atajos.
Para salir del extractivismo no alcanza con regulaciones mejoradas.Hace falta una ruptura estructural con un sistema que es incompatible con la vida.
Sí: hace falta una revolución.
No como consigna declamativa, sino como conclusión política.
Porque no se puede frenar el colapso climático sin desalojar del poder a quienes deciuden y se benefican del ecocidio
— ¿Y cómo se construye una salida de ese tipo?
No desde la individualidad ni desde resistencias aisladas. Hace falta organización, estrategia y proyecto político.
Hace falta partido para disputar poder.
Hace falta construcción colectiva para unir luchas.
Hace falta internacionalismo, porque el capital no conoce fronteras y la crisis climática tampoco.
Por eso defendemos y construimos herramientas concretas:
la Red Ecosocialista, para intervenir en los conflictos ambientales con una perspectiva política clara;
el MST, para unir a la clase trabajadora con las luchas socioambientales, porque no son luchas separadas: son una sola;
y la Liga Internacional Socialista, para dar esta pelea a escala planetaria, con solidaridad entre pueblos y una estrategia común.
El clima no reconoce fronteras.
La ganancia capitalista tampoco.
Nosotros, tampoco.
¿Por qué se sigue quemando la Patagonia?
Los incendios que se repiten cada verano no son solo consecuencia del clima. Detrás del fuego hay decisiones políticas, un modelo productivo mortal y un fuerte ajuste en las políticas de prevención.
El calentamiento global intensificó las olas de calor, redujo las lluvias, nevadas y extendió la temporada de incendios. La vegetación llega más seca al verano y cualquier foco se vuelve más difícil de controlar.
A esto se suma el avance del monocultivo de pino, promovido durante décadas con fines comerciales. Estas plantaciones exóticas concentran material altamente inflamable y facilitan incendios rápidos y de gran intensidad, muy distintos al comportamiento del fuego en bosques nativos.
El tercer factor es clave, el desfinanciamiento del manejo del fuego, que impacta de lleno en la primera línea. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2024 el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ejecutó solo el 22 % del presupuesto asignado, con una caída real del 81 % respecto de 2023. En 2025 quedaron más de 20.000 millones de pesos sin ejecutar, y el presupuesto 2026 prevé una reducción real cercana al 70 % frente a 2023.
En ese contexto, les brigadistas —nuestros verdaderos héroes— enfrentan incendios cada vez más extremos con menos recursos, menos personal, condiciones laborales precarias y salariales indignas
Acá está la causa y la intencionalidad: negocios privados ligado a las inmobiliarias y el capital extranjero. No en la persecución ni criminalización de las comunidades mapuche, utilizadas como chivo expiatorio por los gobiernos para desviar responsabilidades políticas y ocultar el ajuste, la desinversión y los nwgocios que hacen que el fuego arrase año tras año en la Patagonia.