La salida temporal a España de la colección de arte mexicano del siglo XX, que incluye obras declaradas monumento artístico, genera críticas y reclamos de transparencia sobre los acuerdos entre el gobierno y una fundación privada.
En México se ha abierto un debate sobre el destino y la gestión de la Colección Gelman, un acervo privado de aproximadamente 300 piezas de arte moderno mexicano del siglo XX que incluye obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo y José Clemente Orozco, entre otros. Muchas de estas obras cuentan con la declaratoria de “monumento artístico”, una figura legal de protección patrimonial.
La polémica se desató tras conocerse un acuerdo entre el nuevo propietario de la colección, la Fundación Santander y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) para que el banco gestione el acervo. Parte de la colección estaba prevista para ser exhibida en España, en el espacio cultural El Faro Santander.
Críticos de arte, expertos en patrimonio e intelectuales han expresado preocupación y han solicitado transparencia sobre los términos del convenio. Señalan que, si bien la colección es de origen privado, las obras declaradas monumento artístico están sujetas a una legislación específica que obliga a rendir cuentas al Estado sobre su estado, ubicación y cualquier movimiento, como préstamos o ventas.
Las autoridades culturales mexicanas han afirmado que el papel del Banco Santander es únicamente de apoyo en la gestión y que las obras patrimoniales cuentan con los permisos de exportación temporal correspondientes. Sin embargo, declaraciones de representantes de la fundación en España, que hablaron de una “presencia permanente, pero dinámica” y de licencias renovables a largo plazo, han generado alarma sobre una posible cesión patrimonial encubierta.
Ante el escándalo, el envío de las obras se pospuso. Actualmente, una parte de la colección se exhibe en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Los firmantes de un petitorio exigen que se difundan los detalles del acuerdo y se garantice la protección y el eventual regreso al país de las obras, cuyo destino, argumentan, “atañe a todos” los mexicanos por su valor patrimonial.