La interrupción del ciclo lectivo por paros docentes y feriados reaviva el debate sobre la declaración de la educación como servicio esencial para garantizar la presencialidad.
Córdoba registra al menos ocho días sin clases en poco más de un mes del ciclo lectivo, producto de una combinación de paros docentes y feriados. La situación ha generado pronunciamientos de distintos sectores, entre ellos la Asociación Civil Familias por la Educación, que cuestiona el paro como método de reclamo y solicita que se declare la educación como servicio esencial para asegurar el cumplimiento del calendario escolar.
Soledad Cabral, presidenta de la organización, expresó en declaraciones radiales que, si bien considera legítimo el reclamo salarial docente, los paros reiterados “generan un daño acumulativo en los alumnos y profundizan la brecha de desigualdad educativa”. Su intervención se da en un contexto de tensión: la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó una tercera oferta salarial del gobierno provincial y convocó a un nuevo paro de 72 horas para los días 8, 9 y 10 de abril.
Cabral reconoció la necesidad de mejorar los salarios docentes, pero marcó un límite: “El salario es necesario, pero la presencialidad es innegociable”. Aportó además un dato de su relevamiento: “en los últimos 15 años solo en dos oportunidades el ciclo lectivo comenzó sin paros de la UEPC en la primera semana”, argumentando que la repetición del paro como método no ha resuelto el problema de fondo.
El conteo de días efectivos de clases refuerza la preocupación. En marzo, sumando paros y feriados, hubo apenas 17 días de clases sobre 23 hábiles. A esto se agregaron los feriados de principios de abril y otras interrupciones. La referente señaló que esta discontinuidad afecta principalmente a la escuela pública, ampliando la brecha con el sector privado, y trazó un paralelo con las desigualdades evidenciadas durante la pandemia.
Consultada sobre una solución, Cabral reiteró que su asociación impulsa la declaración de la educación como servicio esencial, un debate de larga data a nivel nacional. Actualmente, la ley solo considera esenciales servicios como los sanitarios, el agua, la energía eléctrica y el control del tráfico aéreo. Intentos recientes del Gobierno nacional por incluir la educación en esa categoría no prosperaron.
Finalmente, Cabral apeló a la voluntad política de las partes para destrabar el conflicto, destacando que la interrupción de las clases afecta el proyecto de vida de los estudiantes.